SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, consideró que la Junta, por medio de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, ha actuado "legalmente" al interponer la denuncia en los juzgados ante la ocupación de viviendas de titularidad pública por parte de los chabolistas que desde el pasado viernes han retornado a estos inmuebles del Polígono Sur, aunque "convendría también haber hecho algo más para resolver el problema".
En declaraciones a Europa Press, Chamizo indicó que la denuncia interpuesta por la Consejería es "una acción dentro de la legalidad y hace lo que tiene que hacer, pues si las casas están precintadas no se puede acceder a ellas".
Pese a esto, el Defensor manifestó que la Junta de Andalucía, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, "deberían haber previsto una alternativa" a estas familias antes de llegar a esta situación", pues, como recordó, se había quedado por parte de estos agentes en que se iban a estudiar individualmente el caso de cada familia.
Sin embargo, señaló que los hechos "se han eternizado y son muchos los meses que se llevan sin respuesta", desde que éstas abandonarán el pasado marzo la barriada como consecuencia de la muerte de un joven de etnia gitana, propiciada por el impacto de una bala perdida.
Aunque, según aseguró, la situación ahora mismo es de "calma" gracias a la fuerte presencia policial, Chamizo espera que algunas de estas familias hayan "aprendido la lección y no pongan más problemas a la convivencia, pues hay numerosas asociaciones y plataformas que no quieren que algunas de estas familias vuelvan al barrio, por lo que espera que su comportamiento sea el adecuado".
La Junta advirtió a Europa Press en el día de ayer de que aún se está trabajando en la regularización de las viviendas, revisando de este modo la documentación presentada por los chabolistas para esclarecer su régimen de ocupación, que evidenciará si legalmente les corresponde quedarse en las viviendas o no y, de esta manera, ponerlo en conocimiento del juez para que él mismo decida si hay que desahuciarles de la vivienda.
Asimismo, la idea de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio es que los expedientes correspondientes a las 41 viviendas públicas abandonadas por las familias exiliadas estén resueltos, como fecha límite fijada, en el mes de septiembre.
