BRUSELAS/SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria COAG en Andalucía ha considerado este jueves que la propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de Bruselas se "queda coja y es incompleta" al dejar "fuera" los mecanismos de regulación del mercado.
En declaraciones a los periodistas en Bruselas, el secretario general de COAG y de COAG en Andalucía, Miguel López, ha señalado que la propuesta es "ambiciosa" en sus objetivos pero "altamente decepcionante a nivel presupuestario y a la hora de concretar los mecanismos de regulación de mercados y medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria".
Así, se ha mostrado de acuerdo con los objetivos que marca la reforma en cuanto a considerar al sector agrario como estratégico, como portador de bienes sociales fundamentales para el mantenimiento del medio rural y por contar con producciones de calidad.
Además, ha respaldado expresamente la idea de ligar el apoyo a los agricultores en activo, así como el establecimiento de un 'techo' de ayudas por explotación para que "las grandes fortunas no sigan aprovechándose de los recursos públicos".
No obstante, ha indicado que esta reforma "deja fuera" la parte "fundamental" de la renta de los agricultores, "el mercado y los precios de los productos". "No habla de mecanismos de regulación del mercado y no habla de lo que suponen los acuerdos con terceros países", ha subrayado.
Además, ve "decepcionante" la propuesta a nivel presupuestario, ya que con una Unión Europea de 27 países en igualdad de condiciones y unos fondos de la PAC "congelados" desde 2003 y presupuestados para la Europa de los 15, "difícilmente se podrán alcanzar los objetivos tan ambiciosos que se definen y dar respuesta eficaz a los retos que se plantean".
Asimismo, COAG crítica la "escasez" de medidas planteadas para regular los mercados. En este sentido, ha apuntado que la UE debe cambiar su política de desregulación de mercados y reinstaurar los mecanismos que eviten fluctuaciones de los mercados agrícolas y garantice unos precios que superen los costes de producción.
"Se vuelve a fallar en lo fundamental: el mantenimiento de las rentas. No se hace una política que controle la volatilidad de los precios en el campo y al consumidor final y por el contrario se vuelve a dejar la alimentación en manos de un mercado especulativo", ha puntualizado López, a lo que ha añadido que "el 70 por ciento de la renta de los agricultores españoles viene del mercado, por lo que las ayudas, por si solas, resultan ineficaces para resolver la crisis del sector agrario y garantizar las rentas".
La única parte positiva dentro del apartado de medidas de mercado, según COAG, es el análisis que se hace sobre funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, en la que se reconoce, sin medidas concretas, "el desequilibrio del poder de negociación dentro de la cadena, a favor de la gran distribución, y el injusto reparto del valor, a la vez que se nombran algunos aspectos a abordar: transmisión de las señales del mercado, relaciones contractuales, reestructuración y consolidación del sector primario, transparencia y mercados de futuros".
Por otro lado, COAG también rechaza el enfoque de la Comunicación sobre política comercial que promueve una liberalización aún mayor del comercio internacional. "No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a las normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Supone traicionar el principio de preferencia comunitaria", ha subrayado López.
En cuanto a las medidas de desarrollo rural, COAG acoge favorablemente el mantenimiento de un segundo pilar de la PAC destinado a mejorar la eficiencia de las explotaciones agrarias y la gestión sostenible de los recursos naturales, pero rechaza que las herramientas de gestión de riesgos se introduzcan dentro de la política de desarrollo rural, ya que conceptualmente es una política ligada a la gestión económica de la explotación.
En Andalucía hay cerca de 280.000 perceptores de ayudas directas, que reciben unos 1.600 millones de euros. La actividad agraria es un sector estratégico para Andalucía, que aglutina el 30 por ciento del empleo agrario estatal.
El sector agrario constituye un pilar económico fundamental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con una producción final agraria que en 2009 casi alcanzó los diez millones de euros, representa el 14,5 por ciento del PIB Andaluz.
