SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla ha condenado a una empresa de gas a indemnizar a una comunidad religiosa con 9.600 euros más intereses por el tiempo pasado para reparar una avería en la instalación de gas por una fuga.
La sentencia, consultada por Europa Press y de la que ha informado este sábado el Bufete Osuna, estima parcialmente la demanda interpuesta por una comunidad religiosa contra la referida compañía solicitando que se le condenara a un pago de 21.600 euros más intereses por daños y perjuicios derivados de la "avería en la instalación de gas por una fuga, consiguiente corte de suministro y el tiempo intervenido en la reparación", que consideraba "excesivo".
En concreto, la avería se produjo el 27 de febrero y no fue hasta el 17 de marzo cuando se restableció el servicio, si bien la demandada alegaba que hasta el 12 de marzo no tuvo el permiso de la Gerencia de Urbanismo para la reparación.
No obstante, la sentencia --que puede ser recurrida en apelación-- señala que era "responsabilidad" de la demandada "la rápida gestión de los permisos que necesitase, no siendo jurídicamente amparable que una empresa suministradora de tal servicio no cuente con personal de urgencia para el restablecimiento del mismo, tratándose un servicio esencial para unas mínimas condiciones de habitabilidad y confort en la propia vivienda".
La sentencia fija finalmente en 9.600 euros la cantidad a abonar a la comunidad religiosa porque entiende que la indemnización que ésta pedía en su demanda era "desorbitada", y para ello entiende que "debe indemnizarse con 60 euros por persona --eran 16 residentes-- por los diez días que se consideran de incumplimiento culpable de la demandada".
En su demanda, la comunidad religiosa argumentaba que, durante "casi 20 días", la orden religiosa estuvo sin suministro de gas y sus miembros "se vieron obligados a permanecer en unas condiciones precarias, todo ello agravado por la edad de las personas que allí se encontraban, personas de más de 80 años, y la dependencia de este gas, del que precisan tanto para cocinar, el agua caliente y la calefacción general".
Subrayaban además que los hechos sucedieron en febrero, por lo que "estas condiciones mermaron la calidad de vida de los residentes, teniendo estos que valerse de otros medios más precarios para sobrellevar la situación a la que estaban sometidos debido al prolongado tiempo que tuvieron el suministro cortado, privándoles de agua caliente y calefacción".
