SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Sevilla aseguró hoy, por boca del concejal de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), que en torno al verano tendrá listo un primer informe preliminar sobre la situación socioeconómica general de los residentes en la barriada de Regiones Devastadas, cuyas viviendas serán demolidas para su posterior reconstrucción.
En rueda de prensa para presentar los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa), Gómez de Celis dio cuenta de la apertura de la Oficina de Gestión y Atención a los Vecinos del Área de Renovación Urbana de Regiones Devastadas, con un equipo multidisciplinar de 15 técnicos que incluye sociólogos, licenciados en derecho, psicólogos, economistas y trabajadores sociales.
El edil socialista encuadró este hito dentro de los compromisos adquiridos con los moradores del entorno, junto a otros como el pago del mismo precio aportado por los vecinos hasta la fecha en una vivienda nueva o el envío del proyecto antes de que finalizara 2008 a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ministerio de Vivienda, "ambos cumplidos".
Con un horario de mañana y tarde, y ubicada en la calle Tomás Pérez número nueve, la oficina ofrecerá información y asesoramiento a los vecinos y realizará una serie de trabajos entre los que destacan la evaluación de la situación actual de las familias de Regiones Devastadas, para definir el planeamiento urbanístico y los tipos de viviendas que mejor se adapten a sus necesidades, y atender las dudas y consultas de los vecinos.
125 PERSONAS PIDEN APLAZAR EL PAGO DE SU VPO
En otro orden de cosas, y dentro de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva, Gómez de Celis informó de que, del total de personas convocadas por Emvisesa para formalizar contratos (742), un 31,7 por ciento (235) se han interesado por las medidas puestas en marcha desde diciembre de 2008 por el Consistorio para amortiguar las consecuencias de la crisis en aquellos adjudicatarios de VPO que hayan sufrido la pérdida de su puesto laboral.
De esta manera, 125 personas se han acogido a la medida del aplazamiento del pago de cantidades hasta cuatro años, mientras que nueve personas han expresado su pretensión de mantener su derecho de adjudicatario de una vivienda para otra promoción futura, con la esperanza de que en ese lapso de tiempo pueda recobrar su empleo.
