SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones de consumidores andaluzas demandan una mayor dotación de recursos y un mayor refuerzo en el control del mercado del aceite de oliva, ante el procedimiento administrativo por parte de la Dirección General de Consumo por el que ha comunicado la inmovilización de un total de 24 lotes de aceite de oliva como medida cautelar y ha prohibido su venta y comercialización por contener "un aceite de oliva de calidad inferior a la que aparecía en el etiquetado del producto".
Esta ha sido la conclusión tras salir de la reunión con la directora general de Consumo de la Consejería de Salud, Fátima Ramírez Cerrato, con miembros de UCE-A, Facua-A y Al-Andalus para conocer más detalles de este caso.
En declaraciones a Europa Press, el secretario de Relaciones Institucionales de UCE en Andalucía, José Carlos Cutiño, ha mostrado su preocupación por que el producto que se pone en el mercado se corresponda con el etiquetado con el objetivo de que "el usuario no se quede defraudado en sus expectativas y pague por lo que realmente quiere comprar".
Además, en concreto, ha destacado que el mercado del aceite de oliva en Andalucía ha sufrido una serie de tensiones en la fijación de los precios y "en algunos casos ha sido el propio sector el que ha denunciado la existencia de aceites especialmente baratos para la calidad que presuntamente tenían". De ahí que haya una "preocupación" en que tras esto haya "algún interés por parte de los productores en demonizar determinados aceites por tener un precio que no sea el habitual para determinadas calidades".
Asimismo, ha señalado que el nombre de las marcas no se conocerá por ahor y hasta que las sanciones no sean firmes por una cuestión de presunción de inocencia administrativa.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción lamenta que "la lentitud" de los procedimientos administrativos y el marco normativo vigente pongan en una situación de "indefensión" a los consumidores. Asimismo, señala que al no hacerse públicas las marcas, "se siembra el desconcierto entre los consumidores y se perjudican sus intereses, ya que no podrán tomar medidas para recuperar su dinero si han comprado alguna de las marcas y lotes de aceites de oliva de calidad inferior a la que se señala en el etiquetado".
Además, apunta que cuando se hagan públicas las marcas sancionadas si se confirmaran las irregularidades "el daño que se haya producido al resto de firmas del sector por la sombra de sospecha creada sobre ellas es irreparable", por la "lentitud" en los procedimientos administrativos y los amplios plazos que otorga la legislación para tramitar los recursos que presenten las empresas expedientadas.
COORDINACIÓN ENTRE CCAA
Facua tambien espera que el Gobierno andaluz informe y coordine actuaciones con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para garantizar que la información llegue a todos los países donde se comercializan las marcas retiradas cautelarmente en Andalucía para que puedan adoptar las mismas medidas.
Facua además ha criticado "el reducido" número y los criterios adoptados para la selección de las marcas de aceite de oliva incluidas en la campaña de inspección que se ha desarrollado este año por parte de la Administración autonómica.
Por último, ha reclamado que, de confirmarse las irregularidades detectadas una vez realizados los análisis de réplica que soliciten las marcas "se adopten medidas sancionadoras contundentes, proporcionales a la gravedad del fraude alimentario".
Por su parte, la federación de Al-Andalus ha exigido que las inspecciones en el sector del aceite sean "una prioridad" en las campañas de control de la Administración en estos momentos y que se dé a conocer el nombre de las marcas comerciales en las que se detecte alguna irregularidad, en cuanto se obtengan todos los resultados de las muestras analizadas, porque la retirada provisional de los posibles lotes afectados "no garantiza que no se sigan comercializando aceites que presenten esta irregularidad en su etiquetado".
