CSI-F impugnará la ordenanza municipal para la retirada telemática de vehículos

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSI-F en la empresa Aussa, que gestiona el servicio de grúa municipal de Sevilla, planteará la impugnación de la nueva ordenanza de inmovilización, retirada telemática y depósito de vehículos que el Ayuntamiento pretende aprobar en el próximo Pleno municipal del viernes.

En un comunicado, el sindicato recordó que la intención del equipo de gobierno, con esta nueva ordenanza, es la de trasladar al colectivo de gruistas la responsabilidad de la denuncia de los vehículos mal estacionados mediante la realización de una fotografía que se enviaría a la unidad telemática de retirada de vehículos, "unidad que a día de hoy ni existe ni se le espera".

"Esto nos obligaría a presentar denuncias voluntarias, ya que como gruistas de una empresa no somos funcionarios públicos, no tenemos presunción de veracidad en nuestras denuncias, como sí sucede con un Policía Local, y acudiríamos en una situación de absoluta indefensión en el procedimiento", subrayó la sección de CSI-F en Aussa, que añadió que la normativa pretende repercutir en los funcionarios y empleados la responsabilidad en la que pudiera recaerse por una retirada que un juez considere ilegal.

El presidente del comité de empresa de Aussa, Carlos Ortiz, ya señaló a Europa Press que el hecho de que los gruistas asumieran estas labores pondría "en grave riesgo" la integridad física de los empleados ante posibles altercados, dentro de un acto de lo que consideran "usurpación de funciones de la Policía Local".

La central sindical recordó que el gruista, como marca su convenio colectivo, es quien estando en posesión del permiso de conducir que le habilita para ello ha de efectuar sus funciones con la diligencia exigible para la seguridad del vehículo que enganche y transporte, ocupándose de su correcto funcionamiento, así como el manejo de la grúa de transporte, la carga y descarga de vehículos y el mantenimiento básico y limpieza de la grúa.

Sin embargo, con esta ordenanza "no sólo pretenden obligarlos a realizar funciones de Policía Local, sin cualificación y preparación alguna en materia de tráfico, sino que además le crean una nueva función, que no está recogida en su convenio colectivo y que consiste en la realización de denuncias voluntarias que pierden su condición de voluntarias en el mismo momento en que son impuestas y obligadas", según CSI-F.

Por todo ello, el sindicato planteará la correspondiente alegación a la ordenanza para que se anule, y en caso de desestimarse esta reclamación acudirá a los tribunales para que sean éstos los que impidan "este nuevo desatino de un equipo de gobierno que parece más preocupado por la recaudación que por la seguridad vial".