Las defensas del crimen de La Puebla de Cazalla (Sevilla) alegan "una emboscada" y un "disparo fortuito"

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha comenzado este martes el juicio promovido contra cinco personas acusadas de asesinar en noviembre de 2019 en La Puebla de Cazalla a un hombre, con el objetivo de robarle una plantación de marihuana de su propiedad, hechos por los que la Fiscalía pide para ellos penas de entre 28 y 36 años de cárcel. Durante la sesión, la Fiscalía y la acusación particular han encuadrado el crimen en un "plan" preconcebido por los acusados, cuyas defensas han alegado que el fallecido "no era un angelito" y que su muerte habría sido consecuencia de un disparo "fortuito" en el marco de un tiroteo.

La fiscal del caso ha asegurado que los principales acusados por estos hechos, Marcos T.V., Alhasan K.B., Cristian S.S., José Antonio C.R. y Nicanor A.T. eran "conocedores" de que cuando el 16 de noviembre de 2019 se desplazaron desde Málaga hasta La Puebla de Cazalla, donde habían concertado una cita con el fallecido, Manuel G.S., para cerrar "la venta de una plantación de marihuana" que este último poseía; "no iban a comprar la droga", sino a "robarla o intentar robarla".

En ese sentido, y según la Fiscalía, los encartados habrían conseguido que el fallecido quedase a solas en su propia nave con Marcos T.V., Cristian S.S. y Alhasan K.B., quien, "en ejecución del plan preconcebido para la sustracción de la sustancia estupefaciente y exhibiendo un arma que portaba y que era conocida por el resto, comenzó a disparar" al fallecido, llegándole a alcanzar un proyectil en la zona del tórax.

"No fue un ajuste de cuentas ni un mal negocio, sino que todo venía ya planeado", ha indicado la fiscal del caso, según la cual José Antonio C.R. habría abandonado antes la escena para dirigirse a un bar cercano donde se encontraba esperándolo Nicanor A.T. "en funciones" de alerta, mientras Rafael S.S., otro acusado; ayudó a preparar las bolsas de marihuana y a su posterior pesaje y Joaquín T.V., hermano de Marcos, encubrió los hechos. El total de la droga decomisada superó los 74 kilos de marihuana, con un valor aproximado de 120.286,34 euros en el mercado ilícito. Para la fiscal, se trató de un asesinato "con alevosía".

"POR LA ESPALDA"

La acusación particular, ejercida por la esposa del fallecido víctima del citado impacto de bala, ha coincidido en que los acusados "trazaron un plan para robar" la marihuana de la víctima y "eran conscientes" de lo que hacían, señalando que uno de los disparos efectuados contra Manuel G.S. lo fue "por la espalda".

La defensa de Marcos T.V., de su lado, ha llamado al jurado popular al "sentido común", avisando de que Manuel G.S. era un vendedor de drogas y en el mundo del narcotráfico "nadie es tan ingenuo de quedarse solo para un trato" con otras personas. Al punto, ha indicado que el fallecido "no era un novato" en el narcotráfico y "había sido detenido en varias ocasiones" por su actividad de compraventa de sustancias estupefacientes.

Según esta defensa, durante la negociación destinada a la compra de la marihuana de Manuel G.S. se produjeron "graves desavenencias", derivadas en "disparos" que "desafortunadamente" motivaron la muerte del vendedor. "Nadie deseaba la muerte de Manuel", ha indicado.

La defensa de Cristian S.S., de su lado, ha apoyado la versión de la anterior defensa, agregando que los acusados acudieron a "una trampa" mediante la cual "les iban a quitar el dinero", unos 20.000 euros, es decir que les tendieron "una emboscada".

EL CARÁCTER DEL DISPARO

La defensa de Alhasan K.B. ha expuesto que a la fecha de los hechos, los acusados eran "jovencísimos" y cuando llegaron con 20.000 euros para consumar la compra de la marihuana, "se encontraron que no les iban a entregar nada", suscitándose una discusión derivada en la muerte de Manuel G.S., ante lo cual el jurado popular ha de dilucidar si "el disparo fue fortuito o intencionado".

La defensa de Nicanor A.T. ha defendido de su lado que durante los hechos, el citado acusado "se quedó en un bar a dos kilómetros" de la nave del fallecido, sin conocer "absolutamente nada" de lo que acontecía y sin poder ejercer desde allí "ninguna función de alerta". "Desconocía todo de la compraventa. Ni siquiera sabía de la existencia de la droga", ha dicho considerando que a este inculpado sólo se le puede atribuir un presunto delito de encubrimiento.

La defensa de José Antonio C.R., de su lado, ha expuesto que en el atestado de la Guardia Civil, los investigadores describen a este inculpado como "un intermediario" en la compraventa de la droga, advirtiendo de que el fallecido no era "un angelito", sino que todos ellos eran "profesionales" del mundo de la droga. Su patrocinado, según ha indicado, "no estaba en el lugar del tiroteo", no fue el cerebro de la operación y tan sólo sería culpable de un delito contra la salud pública.