Defensor del Profesor atiende 170 llamadas en la región, con aumento de avisos por agresiones de familiares de alumnos

Actualizado: martes, 17 diciembre 2013 22:34

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor, servicio creado en noviembre de 2005 por el sindicato ANPE para la asistencia jurídica y psicológica a los docentes víctimas de la conflictividad escolar, ha atendido hasta la finalización del curso 2012/2013 unas 170 llamadas emitidas desde la comunidad autónoma andaluza, de las cuales 48 fueron atendidas por el servicio estatal del organismo y 121 por el servicio autonómico.

Estas cifras suponen, con respecto al curso 2011-2012, una ligera disminución, ya que en el anterior ejercicio se registraron 186 avisos. Así, la evolución del número de casos atendidos en Andalucía, desde la puesta en marcha del servicio ha sido tal que en el curso 2005-2006 se atendieron 143 llamadas, 138 en el 06-07, 205 en el 07-08, 200 en el 08-09, 203 en el 09-10 y 271 en el 10-11. Este año, por provincias, la que mayor número de avisos registra es Cádiz (38), frente a las diez de Almería.

Desde el sindicato ANPE se observa con "preocupación que" a pesar de la puesta en marcha de medidas por parte de la Junta de Andalucía y de las iniciativas de la Fiscalía la violencia contra el profesorado permanece "enquistada" en el sistema educativo, resaltando el aumento de las llamadas relacionadas no directamente con agresiones por parte del alumnado, sino de sus familiares, y un importante aumento en el número de casos que tienen que ver con problemas con la administración, equipos directivos e inspección educativa.

ANPE-Andalucía propone como medidas que favorezcan la erradicación de la violencia escolar, en general, y la violencia contra el profesorado, en particular, un reconocimiento por parte de la administración de la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función; mayor dotación en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos; el establecimiento de una formación específica para el profesorado para la resolución de conflictos; y la eliminación de la burocracia que recae sobre las espaldas del profesorado.

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