Ecologistas en Acción presenta alegaciones a la consulta pública para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Sevilla

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado un amplio documento de alegaciones al proceso de consulta pública previa para la aprobación de la Ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Sevilla. La organización ha criticado que el proyecto impulsado por el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla "renuncia a los objetivos de calidad del aire, movilidad sostenible y participación ciudadana exigidos por la legislación estatal y europea".

Según ha detallado Ecologistas en Acción en una nota de prensa, ha considerado que el proyecto promovido por los grupos municipales del PP y Vox "incumple aspectos esenciales" del Real Decreto 1052/2022 y supone "un grave retroceso en las políticas de movilidad sostenible, calidad del aire y lucha contra el cambio climático".

De esta manera, el responsable de Movilidad de Ecologistas, Eduardo Gutiérrez, ha considerado que el nuevo proyecto municipal "vacía de contenido" el concepto de ZBE y "convierte una obligación legal en un simple trámite administrativo, sin capacidad real para reducir la contaminación atmosférica, mejorar la salud pública o transformar el modelo de movilidad de la ciudad".

Asimismo, ha señalado que ya ha advertido públicamente, tras el acuerdo presupuestario entre PP y Vox en el Consistorio, que dicho pacto supondría un "retroceso en las políticas ambientales y de movilidad sostenible impulsadas durante los últimos años".

La organización ha afrado que el Ayuntamiento anteponga "criterios ideológicos a la protección de la salud pública", e incumpla a su juicio, tanto el "espíritu" como diversos preceptos del Real Decreto 1052/2022, que establece que las Zonas de Bajas Emisiones deben contribuir a mejorar la calidad del aire, mitigar el cambio climático, reducir el ruido, fomentar el transporte público, la movilidad y recuperar espacio público para la ciudadanía.

Además, Ecologistas han sostenido que el Ayuntamiento no ha sometido previamente el proyecto al Consejo Local de Medio Ambiente (Colomas), al Consejo Asesor de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad (Cappaes), a la Mesa de la Movilidad, al Pacto por la Movilidad ni al Observatorio de la Movilidad Sostenible, limitándose a abrir un trámite administrativo de consulta cuando el proyecto "ya estaba completamente elaborado". "Una transformación de la movilidad urbana de esta magnitud sólo puede desarrollarse mediante procesos reales de participación con el conjunto de agentes sociales", ha expresado.

ALEGACIONES BASADAS EN LA NORMATIVA

Las alegaciones sostienen que el proyecto tampoco cumple los objetivos mínimos establecidos en dicho decrerto, ya que el proyecto municipal "carece de indicadores suficientes, no establece objetivos medibles de reducción de emisiones ni incorpora mecanismos de monitorización que permitan comprobar su eficacia".

Del mismo modo, Ecologistas en Acción ha advertido de que la propuesta puede generar un "efecto contrario" al perseguido por la legislación al desplazar el tráfico hacia los alrededores de La Cartuja mediante "aparcamientos disuasorios", por lo que aumenta la contaminación atmosférica y acústica en las zonas colindantes.

Según el último informe 'La calidad del aire en el Estado español 2025', elaborado por la organización a partir de datos oficiales de la 'Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire' de la Junta de Andalucía, Sevilla continúa superando los valores recomendados por la OMS y de los nuevos objetivos europeos para contaminantes.

Especialmente en el entorno de la estación de Plaza de Armas, la más próxima a La Cartuja, donde durante el último año se ha registrado un incremento de los niveles de NO2, tras alcanzar los "valores más elevados de toda la ciudad y superar los nuevos estándares europeos y las recomendaciones sanitarias de la OMS".

La organización ha protestado además porque "no existe ninguna estación fija de medición dentro de la propia Zona de Bajas Emisiones", lo que impide conocer si las medidas adoptadas reducen realmente la contaminación y evaluar su eficacia.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, durante 2023 han fallecido prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, de las cuales alrededor de 4.000 corresponden a Andalucía. En esa línea, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha estimado que en Sevilla podrían evitarse más de 600 muertes prematuras cada año "si se redujeran los niveles de contaminación atmosférica".

Ante estas "carencias", Ecologistas en Acción ha solicitado la retirada del proyecto de ordenanza y la elaboración de una nueva propuesta desde el inicio, con participación efectiva de la ciudadanía y de los agentes sociales implicados.

La organización ha propuesto incorporar los valores guía de calidad del aire recomendados por la OMS y la nueva Directiva Europea, crear un foro ciudadano permanente para el seguimiento de la implantación de la ZBE, instalar estaciones de medición dentro del ámbito afectado, establecer indicadores públicos y verificables de evaluación.