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SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ex delegada de Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano Prieto, imputada en la causa de las ayudas a la formación, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar y a no responder a las preguntas de los miembros de la comisión de investigación por los cursos de formación, pero, si bien, en su primera y única intervención ha asegurado que "nunca" recibió ni dio "instrucciones, directrices ni órdenes" para incumplir la normativa vigente en cuanto a la gestión y justificación de los cursos de formación en Sevilla.
Así se ha pronunciado ante la comisión de investigación, por la que ya han pasado el resto de delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Cosano que, aunque ha permanecido en la comisión mientras los miembros de la misma han realizado las preguntas, no ha contestado a ninguna, sí ha afirmado que "en todo momento actuó con el convencimiento de que las decisiones que tomaban estaban sustentadas en el más estricto cumplimiento de la ley".
"Me permito recordar que todas las actuación en formación profesional para empleo de las convocatorias que tuvieron lugar en mi etapa de responsabilidad estaban sometidas de manera escrupulosa a los controles de fiscalización legales establecidos, lo que hace imposible la existencia de responsabilidad en los términos planteados en cuanto a gestión y justificación de cursos", ha subrayado.
La compareciente ha asegurado que la comisión de investigación "no es el foro adecuado ni desde el punto de vista jurídico ni el político" para exponer "los evidentes argumentos" que, a su juicio, le eximen de responsabilidad penal y que "salvaguardan" su honestidad personal.
Según ha apuntado, prometió guardar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía cuando accedió al cargo de delegada provincial de Empleo y "en ningún momento" ha faltado a esta promesa, así como a "los principios éticos" que aprendió en su familia, los que le han conducido "en todos los aspectos" de su vida personal y profesional.
Cosano que ha dicho ser "especialmente rigurosa" con que el trabajo estuviera "bien hecho, ha advertido de que no escatimó esfuerzo personal para alcanzarlo. Algo que, según ha señalado, también ha exigido a los profesionales que ha tenido bajo su cargo.
"ES EL FORO ADECUADO"
Por su parte, los miembros de la comisión de investigación, aunque han agradecido la asistencia de la ex delegada de Empleo de la Junta en Sevilla y han respetado su derecho a no responder a las preguntas, han reivindicado la legalidad de la comisión para dirimir las responsabilidades políticas en este caso.
Así, el diputado del PP Jaime Raynaud, en su turno, ha llamado la atención sobre "las discrepancias importantes" que han causado "perplejidad" entre los informes de la interventora general de Sevilla, el interventor general de la Junta y varios comparecientes.
Tras llamar la atención sobre las irregularidades que mostró el informe de la Cámara de Cuentas en cuanto a la falta de seguimiento de los cursos, así como el envío de expedientes "desordenados y vacíos", Raynaud ha querido saber sobre quién "miente". "Sus aclaraciones habrían arrojado luz", ha subrayado.
Sobre las exoneraciones, Raynaud ha cuestionado sobre si estas "siempre estaban basadas y orientadas al interés social o si tenían un marcado carácter alejado de esto y un tinte político". Por último, ha llamado la atención sobre las funciones que cumplía el personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
CIFRA PENDIENTE DE REINTEGRO
Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero, tras lamentar que no se dé respuesta a las preguntas de la comisión, lo que "no es una desconsideración hacia la comisión sino a la ciudadanía andaluza, ha hecho hincapié sobre la posible prescripción de expedientes de reintegro y ha querido saber la cifra total que queda pendiente al respecto.
Romero también ha preguntado sobre los términos que se seguían para subcontratar los cursos, para su seguimiento, para la verificación del número de alumnos e, incluso, de si se realizaban los propios cursos. Así, ha advertido de la falta de concurrencia competitiva para otorgarlos y ha querido saber si "se comprobaba que las empresas tuvieran capacidad para darlos".
Sobre los expedientes de exceptuación, también ha preguntado sobre "los motivos" para esta y por qué "se exceptuaba a unas empresas sí y a otras no".
Por su parte, la diputada por Ciudadanos Marta Bosquet ha dicho respetar el derecho de no declarar de la compareciente, pero ha afirmado que se trata del "foro adecuado para señalar las responsabilidad políticas".
"Algo de responsabilidad política debe hacer cuando las subvenciones de formación profesional se suspendieron, hay descertificación y una pérdida de confianza de Europa sobre Andalucía", ha señalado Bosquet, quien ha preguntado sobre la falta de colaboración con la interventora provincial, lo que se impidió ofrecer su opinión en su informe.
Asimismo, ha señalado que "si no había directrices" a la hora de gestionar los cursos, cómo que se han producido irregularidades en las ocho provincias. Además, ha preguntado sobre la cuantía las solicitudes de reintegro y cuánto se ha recuperado.
En esta línea, ha querido saber si las empresas han ido realizando el reintegro de manera voluntaria y ha advertido de que algunas empresas se han declarado insolventes y otras "incluso han desaparecido". "Había empresas que no existían antes de la convocatoria de subvenciones para cursos, otras desaparecieron una vez cobrado el 75 por ciento y otras no se dedicaban a la formación", ha criticado.
"PARO ESTRUCTURAL A PESAR DE CURSOS"
Por su parte, la diputa de IULV-CA Elena Cortés ha afirmado de que la compareciente "declarar, sí ha declarado en su intervención" y ha asegurado que el Parlamento es el "espacio político" donde han de dirimirse las responsabilidades políticas.
Tras señalar una serie de hechos objetivos que "deben tener una responsabilidad política", como la paralización de los cursos de formación profesional para el empleo, Cortés ha mostrado su "sorpresa" por que la interventora provincial no pudiera emitir informe por "falta de colaboración del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".
Así, al igual que al resto de ex delegados de Empleo de la Junta, le ha preguntado sobre las instrucciones que llegaban de los servicios centrales para llevar a cabo las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas en 2007 y ha cuestionado sobre la inspección de cursos, las visitas y el seguimiento de la inserción laboral.
También ha querido saber cómo se custodiaban los expedientes porque "llegaban ilegibles y desordenados", algo sobre lo que la Cámara de Cuentas ya había advertido y donde pidió "extremar" su cuidado.
Por último, ha llamado la atención sobre si "nunca se preguntaron cómo era posible que Andalucía mantuviera un paro estructural a pesar de estas convocatorias de empleo.
"INSINUACIONES"
Por su parte, el diputado por el PSOE Rodrigo Sánchez Haro ha insistido en que "la comisión de investigación está obligada" a respetar el derecho del compareciente a no declarar y "no lo está haciendo", sino, al contrario, a su juicio, se está coaccionando al mismo con preguntas que "insinúan constantemente para provocar su declaración".
Además, ha criticado que el resto de miembros de la comisión haga referencias a causas judiciales y se "tergiverse" la realidad. "Todos han dicho que se cumple con la legalidad pero se insiste en lo contrario, ¿por qué? Solo buscan el titular y coaccionar al compareciente", ha advertido.
