El exalcalde socialista de El Pedroso declara que Guerrero no le avisó de la "ilegalidad"

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), quien gobernó este municipio entre 1987 y 1995 y entre 1999 y 2007, ha declarado como detenido por un presunto delito de tráfico de influencias ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial, que por orden del Juzgado de Instrucción número seis investiga una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas por fondos públicos. En su declaración, Rafael Rosendo ha defendido que fue el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, imputado por la juez Mercedes Alaya, quien le ofreció disfrutar de "una prestación adicional derivada de un fondo de pensiones", pero ha asegurado que "en ningún momento" le fue comunicada su inclusión en un expediente de regulación de empleo de empresa alguna o de "la posible ilegalidad de dicho procedimiento".

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido esta posible trama de falsas prejubilaciones financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que la citada fórmula, según la investigación, sería ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

LA "AMISTAD" DE GUERRERO

En el marco de esta investigación, y según figura en un nuevo atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, el exalcalde socialista de El Pedroso prestó declaración como detenido por un posible delito de tráfico de influencias el pasado 28 de febrero, dado que él mismo figuraría como beneficiario de las prejubilaciones investigadas. En su declaración, Rafael Rosendo ha reconocido la "amistad" que le une con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, también socialista, oriundo de El Pedroso y e igualmente concejal y alcalde del Ayuntamiento de este municipio de la Sierra Norte de Sevilla.

El exalcalde ha relatado que en los últimos meses de su último mandato, Francisco Javier Guerrero le ofreció, en "conversaciones informales", "la posibilidad de obtener una prestación adicional derivada de un fondo de pensiones que él personalmente --en alusión al propio Guerrero--, se encargaría de tramitar". Guerrero, según ha manifestado Rosendo "en ningún momento le informó del procedimiento a seguir para obtener esta prestación adicional" y tampoco le habría puesto en conocimiento "de su inclusión en ningún expediente de regulación de empleo de ninguna empresa o de la posible ilegalidad de dicho procedimiento".

Así, ha declarado a los investigadores que "depositó su confianza plena en el señor Guerrero" y éste, una vez concluyó el mandato municipal, le convocó a su despacho "para firmar una póliza de seguro de rentas que él mismo había gestionado". Rafael Rosendo ha reconocido que firmó "toda la documentación que le pusieron por delante" y que "tal era su confianza" en Francisco Javier Guerrero que los documentos de la póliza de seguro de rentas quedaron "en poder" del por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social. Así, ha manifestado que "en ningún momento" ha estado en posesión de tales documentos y que desconocía "los términos" de la póliza de seguro de rentas de la que disfrutaba y gracias a la cual habría cobrado 109.750 euros.