Un exinterventor de Empleo no se sintió "presionado" pero sí "urgido" para no poner reparos a ciertas ayudas

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exinterventor delegado en Empleo de la Junta de Andalucía Juan Luque, antes de ser imputado en el caso de los ERE falsos declaró como testigo ante la Guardia Civil y aseguró que "no se ha sentido presionado" por nadie para no poner reparos a las ayudas aunque sí "urgido" en relación "con determinados expedientes".

Según el acta de su declaración ante los agentes del Instituto Armado, prestada el 5 de julio de 2012 y a la que ha tenido acceso Europa Press, Luque señaló a los investigadores que, pese a lo anterior, durante los años 2011 y 2012 realizó hasta 22 informes de disconformidad a expedientes de ayudas sociolaborales en empresas como Altadis, Boliden Apirsa, Delphi, Dhull, Fertiberia, Primayor, Fundiciones Caetano o Astilleros Sevilla, informes que aportó a la Benemérita.

Los investigadores le preguntaron, en este sentido, si "en la realización de dicha labor de fiscalización de las ayudas alguien le ha presionado en el sentido de no poner reparos a las mismas", a lo que respondió que "no se ha sentido presionado" aunque "sí urgido en relación con determinados expedientes".

De otro lado, Luque, que fue interventor delegado en dicha Consejería desde 2008 hasta 2012, también aseguró que el sistema de las transferencias de financiación "no son ningún problema si se usan para lo que fueron creadas: la financiación de los entes instrumentales", añadiendo que en el caso ERE "se han utilizado para finalidades que no son para lo que se crearon", como es el pago de ayudas o subvenciones.

A su juicio, el uso de estas transferencias de financiación tenía como fin "eludir" el control financiero que debería haber realizado el interventor delegado en la Consejería de Empleo "si se hubiera usado el método procedente". "Con carácter general, el órgano gestor ha intentado evitar la fiscalización previa de la Intervención Delegada en Empleo para dar más agilidad a los expedientes", llegó a admitir.

"MENOSCABO MUY GRAVE PARA LOS FONDOS PÚBLICOS"

En esta línea, aseveró que el famoso convenio marco de 17 de julio de 2001 "supone que los expedientes no lleguen a la Intervención Delegada, y tiene por tanto como consecuencia que se evitan los reparos que pudieran plantear los interventores delegados en la Consejería de Empleo", precisando que este convenio "es consecuencia de una multitud de reparos que habían sido planteados por la Intervención Delegada y porque suponía que se dilataran los plazos".

El exinterventor también admitió que, en el caso ERE, "ha existido un menoscabo muy grave para los fondos públicos", y que por este motivo "se debió hacer algo al respecto", aunque reconoció que el informe de actuación por parte de la Intervención General de la Junta "legalmente hablando y por la finalidad que tiene, no debió ser confeccionado".

Luque fue uno de los 20 cargos o exaltos cargos imputados por la juez Mercedes Alaya el pasado mes de junio, imputación que recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla al entender que es "difusa, inconcreta y ambigua", ya que en el auto "más parece cuestionarse la normativa a aplicar que una deficiente aplicación de la misma".