Los cuatro acusados defienden su inocencia y el abogado de Mellet anuncia que éste no declarará tras "violarse" derechos fundamentales
SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla se ha mostrado este lunes "convencida" de que los cuatro acusados de un presunto delito de cohecho en Mercasevilla "pidieron una comisión ilícita, mordida, dádiva o recompensa" a dos empresarios del grupo La Raza a cambio de la gestión de la escuela de hostelería del mercado central de abastos.
Tras constituirse el pasado viernes el jurado popular encargado de enjuiciar este caso en la Audiencia Provincial, el juicio se ha retomado con la presencia ya de los cuatro acusados, como son el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.
En primer lugar, el magistrado presidente, Ángel Márquez, les ha preguntado uno a uno si se consideran culpables del delito de cohecho que se les imputa, señalando Mellet que es "absolutamente inocente" y Ponce y Pereira que son "inocentes", mientras que Antonio Rivas ha puesto de manifiesto que "soy totalmente inocente, como venimos manifestando desde el primer día".
Una vez completado este trámite, el secretario judicial ha dado lectura a los escrito de acusación de Fiscalía --que pide para acusado una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses--, Fundación Socioasistencial de Mercasevilla y PP, así como a los escritos de defensa presentados por los abogados de los cuatro imputados.
"NO EXISTE PETICIÓN DE COMISIÓN, SINO DE COFINANCIACIÓN"
En este sentido, hay que destacar que el letrado de Mellet ha pedido que se leyera buena parte de su escrito de defensa, de más de 100 páginas, una lectura que le ha llevado al secretario judicial 55 minutos y que ha demorado el desarrollo de la vista. En su extenso escrito, el abogado defiende que la conducta de su cliente "es absolutamente irreprochable" y que "no existe petición de comisión, sino de cofinanciación".
De su lado, los abogados de Ponce y Rivas, Simón Fernández Rebollo y Francisco Baena Bocanegra, respectivamente, han defendido la inocencia de sus clientes y han solicitado su libre absolución, mientras que el letrado que defiende a Pereira, Carlos Galán, ha asegurado que su patrocinada "no estuvo presente" en la reunión donde se pidió supuestamente la comisión "ni tuvo conocimiento" de que esto fuera a ocurrir.
Tras todo ello, se han iniciado las alegaciones previas, en primer lugar con el fiscal, quien ha explicado a los miembros del jurado que los hechos que se enjuician "son bastante sencillos", ya que "lo importante es la petición de una comisión ilícita, mordida, dádiva o recompensa". "Tengo el convencimiento de que ello se ha producido", ha aseverado durante su intervención ante el jurado.
EL FISCAL TACHA DE "REPROBABLE" LA CONDUCTA DE LOS ACUSADOS
"Esta conducta es reprobable, pues no se trata de pedir algo para dar una subvención, sino que, una vez dada ésta", intentan "obtener un beneficio ilícito a costa de los dos empresarios", según ha proseguido el fiscal, quien ha sido bastante gráfico al poner de manifiesto que este caso se resume en una pregunta y una respuesta: "¿quieres gestionar la escuela? dame un dinero".
Asimismo, ha explicado al jurado que "la persistencia o pervivencia de los indicios motivó que se abriera este juicio", aunque ha querido dejar claro que, si en el transcurso de la vista oral, estos indicios no se confirman constituyéndose en pruebas contra los imputados, retirará su acusación contra éstos.
Ha expuesto que, una vez concluidas las alegaciones previas, se escuchará la grabación, y posteriormente tendrá lugar la declaración de los acusados, "que tienen derecho a mentir", y de los testigos, "algunos presenciales", como los dos empresarios "que grabaron la conversación, la cual no se grabó desde fuera, sino que ellos estuvieron allí", recordando en este punto que el TSJA "ya defendió la validez de la grabación y la condición de funcionarios públicos de los imputados".
LA FUNDACIÓN, "ENORMEMENTE PERJUDICADA"
De su lado, el letrado que ejerce la acusación en nombre de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Juan Piñeiro, ha señalado que Mellet, Ponce y Pereira "eran la cabeza visible" de la entidad y de la propia fundación, "que se ha visto defraudada en la confianza de estos señores y enormemente perjudicada", pues finalmente "no hemos recibido la subvención, que se ha paralizado" en tanto en cuanto dure el proceso judicial, "y no hay empresario que quiera acometer la escuela de hostelería".
Así, se ha referido al "daño a la imagen" de la fundación provocado por este caso, pues "la palabra Mercasevilla está asociada a corrupción y escándalo, y ese daño es muy difícil de reparar". "Estoy convencido de que han cometido un ilícito penal", pues "acordaron solicitar una comisión ilegal a cambio de concederles la explotación de la escuela", ha indicado, queriendo dejar claro que "no estamos sentados aquí por capricho, sino que ha habido una labor de investigación muy importante".
Por su parte, el abogado del PP, Luis García Navarro, ha sostenido que Mellet, Ponce y Pereira "exigieron una comisión ilegal, una dádiva, a unos señores, y ello por indicación de Rivas", y para demostrar ésto ha hecho referencia a la "gran prueba" de este proceso, como es la grabación que realizaron los empresarios y en la cual supuestamente se les exigió el pago de dicha comisión.
GRABACIÓN "LEGAL"
Al hilo de ello, ha recordado que la grabación fue declarada "legal" por el TSJA, de manera que "ninguna duda debe quedar sobre la validez de esta prueba", añadiendo que esta grabación ha dado lugar "a hasta tres diligencias previas más", en relación a los sumarios por el asunto de los suelos del merca, el delito societario y los ERE fraudulentos. "Se trata de una prueba básica, fundamental", ha señalado.
Según ha explicado, durante el juicio, y además de los imputados, prestará declaración como testigo Juan Gallo, alto cargo de la Junta "que fue quien recibió el CD con la grabación", con la cual los empresarios "no intentaron buscar una vendetta, sino que se la entregaron a la Junta para que depurara las responsabilidades a que diera lugar".
También declararán como testigos el exsindicalista Juan Lanzas, imputado en el caso de los ERE y que "está prejubilado en empresas donde nunca ha trabajado y que incluyó a un amigo en el ERE de Mercasevilla"; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también imputado en la causa de los ERE; el responsable del gabinete jurídico de la Junta, el interventor general y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández --también imputado en los ERE--.
"EL GERMEN DEL MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN PRODUCIDO EN ANDALUCÍA"
Según ha expuesto el letrado del PP, en este caso se trata se hacer "Justicia con mayúsculas", ya que "es el germen del mayor caso de corrupción que se ha producido en Andalucía y la corrupción debe ser perseguida por todos, por la sociedad, los ciudadanos y la Justicia".
De su lado, el letrado de Mellet, José Manuel Carrión, ha anunciado que su cliente se acogerá a su derecho a no declarar como "actuación de protesta" y a fin de "proteger sus derechos fundamentales, que han sido violados", ya que ha insistido en que la grabación "es nula, ilegal e inconstitucional" y "ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y a no declarar contra sí mismo".
No obstante, ha pedido al jurado que no entienda que su cliente "escurre el bulto" al no declarar.
La vista oral se retomará este martes con las alegaciones previas de los abogados de Ponce, Pereira y Rivas y la audición de la grabación, tras lo que comenzarán las declaraciones de los acusados.
