SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Manuel Sillero, consideró hoy que el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), reconoce la "ilegalidad manifiesta" cometida por la Gerencia de Urbanismo al destinar para sus proyectos propios los ingresos derivados de 55 convenios urbanísticos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, pues según precisó, el regidor ha admitido públicamente que tales ingresos fueron empleados en "la ciudad construida" y no en los sistemas generales implicados en los desarrollos urbanísticos de cada uno de los convenios.
En declaraciones a Europa Press, Manuel Sillero abundó en el contenido de la última asamblea celebrada por la patronal de los constructores y promotores de obras de Sevilla, que recientemente resolvía impugnar la financiación de proyectos municipales gracias a los anticipos entregados por los suscriptores de 55 convenios urbanísticos recogidos en el PGOU de 2006, cuantías destinadas inicialmente a la creación de los sistemas generales asociados a los desarrollos urbanísticos acordados.
Y es que hasta el momento, la Gerencia de Urbanismo ha admitido haber percibido ingresos por valor de 172.115,560,09 euros una vez retirados los avales a cuenta de 55 de los 70 convenios urbanísticos asociados al PGOU de 2006; anticipos entregados por los suscriptores de estos convenios para la creación de los sistemas generales y viales implicados en estos desarrollos urbanísticos en cuestión. No obstante, mediante este montante, el Ayuntamiento hispalense habría sufragado iniciativas como la red de carriles bici, el II Plan de Barrios, la rehabilitación de la Plaza de España o la reurbanización de la Alameda de Hércules, cargando a este concepto nuevas inversiones en sus presupuestos de 2010.
Manuel Sillero, en ese sentido, aludió a la intervención en la que el propio alcalde defendía el uso de estos ingresos para "equipar la ciudad construida" y no para la construcción de viales o calles "que van de ningún sitio a ninguna parte", pues con estas palabras, a su juicio, Sánchez Monteseirín "disipa las dudas" relativa a la "ilegalidad manifiesta" contenida en esta práctica. "Si se ha destinado este dinero a obras para la ciudad ya construida, no cabe duda, porque los sistemas generales son el destino legalmente previsto para las aportaciones de convenios relativos a los desarrollos urbanísticos del PGOU", resumió el gerente de Gaesco.
"Nadie daría dinero para que se desarrolle el suelo del vecino y el suyo quede vacío", advirtió además asegurando que los suscriptores de estos convenios han sido sistemáticamente "engañados" por la Gerencia de Urbanismo en los "requerimientos expresos" realizados en numerosas ocasiones para averiguar el estado de los ingresos entregados merced a tales acuerdos.
Gracias a los fondos cosechados mediante los ingresos derivados de estos convenios asociados al PGOU de 2006, según reconoce Urbanismo, entre 2006 y 2009 la red de vías ciclistas ha recibido una inversión de 17,88 millones de euros, mientras la plaza de la Encarnación ha recibido inversiones por valor de 33,03 millones de euros por 19,76 millones destinados al plan de barrios, 4,1 a la reurbanización de la Alameda de Hércules, 1,41 a la SE-35, 5,9 a la rehabilitación de la plaza de España y 17,75 millones de euros a otras actuaciones.
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