Un gestor de banca señala que las "demoras" en las ayudas al sector del corcho de Sevilla eran "normales" en la Junta

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes el juicio iniciado el pasado 15 de marzo por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

En concreto, la sesión de este lunes ha contado con la comparecencia como testigos de dos compañeros de trabajo del inculpado Gerardo C.E., encausado en el juicio por sus actos como responsable bancario.

El primero de los compañeros de trabajo de Gerardo C.E. en la antigua Caja San Fernando ha testificado que si bien él no tuvo mucho "contacto con la operativa" bancaria relacionada con el ingreso de las ayudas autonómicas investigadas en la causa, entonces no le constaba "duda jurídica" alguna de las subvenciones en cuestión, concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social cuando dicho departamento de la Consejería de Empleo estaba encabezado por Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2022.

"RETRASOS" EN LOS PAGOS

El segundo de los testigos ha mencionado los "retrasos" en la entrega de las citadas ayudas, extremo que ha atribuido a incidencias de "tesorería" en la Administración autonómica, precisando que en estas operaciones "no había compromiso de que se pagase en una fecha determinada". No obstante, y con relación a estas "demoras", ha explicado que "en general", era una "dinámica normal" en las ayudas del conjunto de consejerías de la Junta de Andalucía, sin que por ello se interpretase que pesase una intención de "no querer pagar".

Los acusados, recordémoslo, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

CASI 8,5 MILLONES

En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

No obstante, todos los acusados se han declarado inocentes ante el tribunal del juicio, que en la segunda sesión accedía a sus peticiones de declarar tras las pruebas testificales y periciales en lugar que antes de las mismas.