Pide que se prohíba la venta de los residuos como enmienda agrícola después del dictamen de la CE
SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace consideró hoy "indignante" que sea la Comisión Europea quien se preocupe el "grave problema ambiental y de salud" que supone el vertido de fosfoyesos en el estuario de Huelva dando un ultimátum a España para que resuelva los problemas de los residuos industriales sólidos, mientras que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía "escurren el bulto".
En declaraciones a Europa Press, el responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace, Julio Barea, se mostró "muy satisfecho" con el dictamen emitido por la Comisión Europea, y destacó sobre todo el hecho de que reconozca que los fosfoyesos que genera la empresa Fertiberia son "residuos industriales sólidos" y no subproductos como vienen defendiendo las Administraciones.
Barea, quien recordó que fue en mayo de 2008 cuando Greenpeace y WWF pusieron una queja ante la Comisión Europea al entender que el vertido de los residuos "infringe varias directivas europeas", criticó que tanto la Junta como el Estado "siempre le han estado quitando importancia al contenido de los residuos con la desfachatez de decir que son subproductos, desfachatez que han llevado hasta el punto de venderlos como enmienda agrícola para cultivos de consumo humano".
Subrayó que la calificación de los fosfoyesos como 'residuos industriales' es un "varapalo grandísimo" ya que significa que "no se pueden seguir tratando como hasta ahora, sino que tienen que ser depositados en un vertedero controlado y con un plan de gestión adecuado".
Además, insistió en que se trata de residuos "tóxico y peligrosos", ya que contienen "elementos radiactivos y pesados muy tóxicos" y pidió a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, que "dé explicaciones" sobre este punto, ya que en su día "quito importancia a este hecho".
"No sabemos cuantas veces más tienen que venir desde fuera de España para decirnos que hay un problema en Huelva con los fosfoyesos mientras la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino siguen escurriendo el bulto. Es una auténtica vergüenza", enfatizó.
Asimismo, Barea se refirió al informe que presentará en el plazo aproximado de un mes la comisión de europarlamentarios que se desplazo hasta Huelva recientemente con el objetivo de estudiar la situación del estuario, diciendo que éste "probablemente irá en la misma línea de lo que ha dicho la Comisión Europea", ya que es "difícil" que concluyan algo que vaya en contra de lo dictaminado por el Gobierno de Europa.
A ello hay que añadir, recordó, la sentencia de la Audiencia Nacional --que está recurrida-- por la que se ordena el cierre en 2010 la empresa Fertiberia. Al respecto, dijo que "poco o nada" tiene que hacer la Administración con el recurso "después de esta sentencia tan contundente y del dictamen de la CE".
RECOLOCACIÓN DE LOS TRABAJADORES
No obstante, quiso dejar claro que la solución a este conflicto no tiene porque pasar por dejar sin empleo a los trabajadores de Fertiberia, sino que se debe elaborar un plan de empleo para recolocarlos en tareas de descontaminación y recuperación de la zona como se está haciendo en otros lugares de España".
En este sentido, lamentó que las autoridades españolas "queden en evidencia mientras que la empresa sigue haciendo caja" y recordó que en caso de que se imponga un multa a España, algo de lo que se mostró "convencido", "no la pagará la empresa, sino el Estado español, es decir, entre todos".
Por otro lado, reclamó que se frene la comercialización de estos residuos industriales como enmienda agrícola, indicando que, ahora que se han reconocido como tal y no como subproductos, "necesitan de una autorización especial para transportarlos de una provincia a otra, cuanto más para venderlos y utilizarlos en campos de cultivo".
