La juez concede un plazo de dos meses a la mujer que ocupó un piso social en Sevilla para abandonarlo

Juzgados de Sevilla
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 19/12/2018 15:39:15CET

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La juez accidental de Instrucción número 18 de Sevilla ha acordado conceder, "como un gesto para buscar una buena solución para todos", un plazo de dos meses a Rocío F.V., madre de cuatro hijos --13 y 6 años y 17 y cinco meses--, para abandonar el piso social que ocupa desde el 19 de septiembre en la avenida 28 de Febrero de la capital andaluza, tras la denuncia presentada por una monja, presidenta de la Asociación Familia Vicenciana, a cuya entidad le tiene arrendada el inmueble la Junta de Andalucía.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla había señalado para este miércoles el juicio contra una mujer, con cuatro hijos menores de edad, y a su madre por un delito leve de usurpación después de que éstas fueran denunciadas la representante de la Asociación Familia Vicenciana por ocupar un piso social para desarrollar el Proyecto Miguel de Mañara para personas en riesgos de exclusión social.

Finalmente el juicio no se ha celebrado pues con anterioridad, la juez accidental del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, Beatriz González --titular del Juzgado de Instrucción 5-- ha planteado como "un gesto para buscar una solución buena para todos" conceder a María del Rocío V.F. un plazo de dos meses para abandonar el inmueble, propuesta que ha sido aceptada por los abogados de las dos acusadas --madre e hija-- y por la representante de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), propietaria del piso que alquiló a la Asociación Familia Vicenciana.

Si bien, ha alertado de que no llevarse a cabo la salida de esta familia del piso, para que AVRA recupere su uso para ponerlo a disposición del proyecto social de la Asociación religiosa, se celebrará juicio, que ya ha sido fijado para el 20 de marzo.

El origen de este caso se remonta al 19 de septiembre, según un atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press, cuando dos agentes de la Policía Nacional recibieron un aviso de la Sala del 091 para que se personaran en una vivienda en un bloque de pisos de la avenida 28 de Febrero de Sevilla donde "al parecer se está produciendo la ocupación de una vivienda".

A su llegada, los agentes observan "forzada" la cerradura de la puerta de acceso al piso y son recibidos por dos mujeres, madre --María del Rocío V.B.-- e hija --María del Rocío F.V.--, que han accedido al inmueble. Si bien, este miércoles han expresado tanto su abogado como la hija que María del Rocío V.B. no vive allí sino que justo a la llegada policial se encontraba en la vivienda.

María del Rocío F.V., defendida por el abogado David Pareja, trasladó a los agentes, algo que ha corroborado este miércoles a los medios, que ella había trabajado anteriormente para la antigua titular y residente del piso, ya fallecida, y que ésta le habría otorgado "el uso y disfrute de la vivienda cuando ella muriese, si bien no llegó a ratificarlo por escrito". Motivo que le llevó a acceder a la vivienda, "sabiendo que ya no estaba ocupado, forzando para ello la cerradura de acceso con la ayuda de varios vecinos".

Como consecuencia de esta situación, el 27 de octubre, una religiosa de las Hijas de la Caridad, presidenta y en representación de la Asociación Familia Vicenciana, presentó una denuncia ante los juzgados por estos hechos.

El piso, según el contrato de arrendamiento firmado en julio de 2018 entre la Asociación y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta, ha sido designado a la entidad social para desarrollar el Proyecto Miguel de Mañara y "facilitar la integración social a personas en riesgo de exclusión social proporcionando una atención integral a través de centros de acogida y piso en régimen tutelado".

Por lo que desde la ocupación del piso "no puede desarrollarse el proyecto con los graves perjuicios que ello causa a los usuarios del programa", según la denuncia de la Asociación, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.

Ante esta situación, la Asociación, que abona a la Junta 80 euros al mes por el alquiler de este piso (También el IBI, los gastos de la comunidad y los suministros), solicitaba al juzgado la adopción de la medida cautelar de desalojo previo del inmueble para la recuperación de la libre disposición de la vivienda, petición que fue rechazada en un auto de 30 de octubre.

"ESTOY NECESITADA"

Tras salir de la sala de vistas, María del Rocío V.F. ha atendido a los medios y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de "verse en la calle con sus cuatro hijos", con sólo 300 euros de la ayuda que recibe y la ayuda de alimentos que le ofrecen las Hermanas de la Cruz.

"El plazo es muy duro, dos meses, tiene que haber una solución", ha expresado la madre de los cuatro menores de edad, quien vive sola con ellos. Desempleada, teme por quedarse en la calle y que le quiten la custodia de sus hijos. "Estoy sola y le pido a la Junta que no le asigne el piso a la Asociación sino a ella, estoy necesitada".

María del Rocío V.F., que ya ha puesto en conocimiento de su situación habitacional a los servicios sociales municipales, ha explicado que tuvo que abandonar su vivienda anterior al no poder hacer frente al alquiler y se enfrentaba a un desahucio, por ello decidió meterse en la vivienda de la mujer con la que trabajaba. "Me metí por necesidad".

"Quiero pagar mi luz, mi agua y un alquiler razonable", ha manifestado a los medios, para posteriormente añadir que ha intentando ponerse en contacto con la Asociación Vicenciana para trasladar su situación personal y entrar a formar parte del proyecto.

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