SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigados este martes al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y a otras dos personas en el marco de la causa abierta por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Fue la juez Mercedes Alaya, por medio de un auto dictado el día 16 julio de 2014, quien imputó al exconsejero en esta causa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido supuestamente 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.
En el auto, Alaya señalaba que, a la vista del informe remitido por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativo a Delphi, existen "claros indicios de la comisión de hechos delictivos cometidos presuntamente" por el imputado en su condición de consejero de Empleo en el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010.
Seguidamente, la magistrada citaba hasta cinco "hechos indiciarios" contra el exconsejero, el primero de ellos "por haber concedido con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones a la formación y contratación" a la multinacional Delphi "sin convocatoria ni bases reguladoras, en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, específicamente para ofertas públicas formativas".
Asimismo, la juez imputó a Fernández "por haber permitido en los expedientes de subvenciones la subcontratación de actividades formativas objeto de las mismas, sin estar autorizada dicha subcontratación", y por "haber concedido becas por asistencia a cursos por encima del máximo legalmente permitido, según lo dispuesto en la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo".
De igual modo, imputó al exconsejero por "haber otorgado subvenciones a empresas para la realización de acciones formativas en alternancia con el empleo por importe de 70 millones de euros, con la intención de que los extrabajadores de Delphi pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación".
Además, lo imputó "por haber concedido subvenciones a la formación continuadamente desde el año 2007, dictando resoluciones de exoneración de la justificación de tales subvenciones a las entidades beneficiarias de dichas subvenciones en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, contraviniendo la normativa reguladora de la Ley de Subvenciones", permitiendo así que "tales entidades pudieran resultar beneficiarias en el siguiente ejercicio económico".
La juez, en este punto, añadía que, según se desprende de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta, Carlos Cañavate, "en virtud de tales resoluciones de exoneración en octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar".
INCLUIDO EN LA PIEZA DEL ENTRAMADO EMPRESARIAL DE OJEDA
Tras marcharse Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla, el caso relativo a los cursos de formación fue asumido por la juez María Núñez Bolaños, que ha dividido la causa en nueve piezas separadas, una de las cuales afecta al entramado empresarial del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.
En esta pieza, además de la actuación de Ángel Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que también está siendo investigado en el caso de los ERE fraudulentos.
En la pieza relativa a Ojeda, se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".
La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".
