La Junta aprueba el decreto que regula la calificación y el registro de empresas de inserción

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SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto que regula la calificación y el registro de las 'empresas de inserción', sociedades que unen a su finalidad económica el objetivo de favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. La norma, que supone el desarrollo en Andalucía de la legislación marco estatal sobre la materia, se completará posteriormente con la orden que abordará las medidas de respaldo público a este tipo de entidades.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, manifestó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que, respecto a la ley estatal, la principal novedad se deriva de que el decreto andaluz incorpora como colectivos considerados en riesgo de exclusión a las mujeres víctimas de violencia procedentes de casas de acogida o programas de protección; a los emigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares; a las personas que tienen a su cargo una familia monoparental; a los mayores de 50 años inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses ininterrumpidamente, y a las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.

Estos grupos se suman a los ya definidos en la ley estatal, que son perceptores de rentas mínimas de inserción o que no puedan acceder a éstas por falta del período exigido de residencia o empadronamiento o por haber agotado el período máximo; jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas en proceso de rehabilitación por problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios que pueden acceder a un empleo en régimen abierto; menores internos, y personas procedentes de servicios de prevención e inserción social y de centros de alojamiento alternativo autorizados.

Las empresas reguladas podrán contratar a personas procedentes de estos colectivos que se hallen inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan asumido un compromiso de inserción. Otro requisito exigido es que destinen el 80% de sus resultados a la mejora de las estructuras productivas y a iniciativas de integración sociolaboral.

En cuanto al porcentaje mínimo de contrataciones para que una sociedad mercantil se considere como empresa de inserción, el decreto fija, al igual que la ley, un 30% sobre el total de la plantilla durante los tres primeros años de actividad y un 50% a partir del cuarto año. En el caso de sociedades laborales o cooperativas, el cómputo tiene en cuenta tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. De acuerdo con el decreto, las entidades, asociaciones y fundaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro también podrán ser entidades promotoras de empresas de inserción si sus objetivos incluyen la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Incentivos

Recio señaló que las sociedades que cumplan con todos estos requisitos podrán solicitar su calificación a la Consejería de Empleo, que tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar. Una vez calificadas, deberán inscribirse en el Registro de Empresas de Inserción de Andalucía --cuya creación también se recoge en la norma aprobada hoy-- como condición necesaria tanto para poder participar en las políticas autonómicas de acción contra la exclusión sociolaboral como para acceder a incentivos y medidas de apoyo.

Según recoge la ley estatal, las empresas de inserción podrán ser beneficiarias de ayudas financieras para su constitución, formación y contratación; bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social; subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo, e incentivos a la inversión para la realización de su objeto social. La definición de estas medidas corresponde a cada comunidad autónoma y, en el caso andaluz, se concretará en una orden de ayudas.

Con independencia de esta regulación, la Junta de Andalucía ya viene desarrollando políticas de respaldo a empresas que pueden ser consideradas de inserción de acuerdo con los requisitos que ahora se fijan. En los dos últimos años, este apoyo se ha traducido en ayudas por valor de más de 1,8 millones de euros, que han hecho posible el acceso al empleo de alrededor de un centenar de personas en situación de exclusión. El consejero manifestó que ya hay 31 empresas que han expresado su deseo de acogerse a la nueva normativa.