Junta expresa criterio contrario a la ley de regulación de senderos de Podemos

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley de Regulación de los Senderos, presentada por el grupo parlamentario de Podemos Andalucía en el Parlamento.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que la decisión obedece a que la propuesta de ley de Podemos "incurre en contradicción y arbitrariedad" al plantear una ordenación integral de los senderos considerándolos tan solo como 'instalaciones deportivas', sin tener en cuenta sus otras utilidades (ambientales, culturales, turísticas o económicas) y obviando así su carácter de dominio público en las múltiples formas que puede adoptar (caminos, sendas, pistas, vías pecuarias o cañadas).

El Gobierno andaluz reconoce la necesidad de una regulación específica de la vertiente deportiva de los senderos, en aquellos casos en que se utilicen para este fin, y recuerda que así está previsto en el proyecto de Ley del Deporte que actualmente se tramita en el Parlamento andaluz.

No obstante, considera que el instrumento normativo más adecuado para ello es un reglamento de desarrollo de esta ley, y no otra nueva regulación con el máximo rango. En este sentido, recuerda que el decreto ha sido la fórmula elegida por todas las comunidades autónomas que han abordado esta materia.

En consonancia con estos argumentos, el Consejo señala que la Consejería de Turismo y Deporte no puede ser, como pretende Podemos, la única competente en la regulación de los senderos. Ello supondría obviar la gestión de los senderos que discurren por los espacios naturales, atribuida a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en función de múltiples finalidades, no sólo deportivas.

Actualmente, este departamento gestiona una red más de 400 senderos de uso público en los territorios protegidos de la comunidad. En ellos prevalece la normativa ambiental, a cuyo cumplimiento deben adaptarse los distintos usos.

El Ejecutivo señala idénticos problemas competenciales en relación con las vías peatonales construidas en el ámbito de las zonas funcionales de las carreteras, cuya coordinación corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda.