La Junta registra 917 escritos con más de 4.000 alegaciones al Plan Especial del Litoral

Imagen De La Playa De La Antilla, En Lepe (Huelva).
EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE LEPE.
Actualizado: jueves, 30 enero 2014 17:47

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha registrado un total de 917 escritos con más de 4.000 alegaciones al Plan Especial del Litoral que promueve la administración autonómica desde que el pasado 31 de octubre de 2013 concluyese el plazo de información pública.

En el transcurso de una conferencia que ha ofrecido en un coloquio organizado por el Foro Joly, la consejera titular del ramo, María Jesús Serrano, ha indicado que el objetivo esencial del mismo es evitar un desarrollo urbanístico al modo de la pasada 'burbuja' inmobiliaria, cuyos planteamientos "aún están latentes" en viejos Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de algunos municipios.

Las alegaciones, tanto de ayuntamientos como de particulares, serán estudiadas al objeto de "mejorar nuestros postulados iniciales", ha precisado la consejera titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha asegurado que serán susceptibles de admisión aquellas que "cumplan con la legalidad urbanística y ambiental".

A la Junta le "satisface" contar con un "alto interés" en relación a un decreto que "compatibilizará todos los usos y rentabilidades de la costa", donde, ha recordado, "hay 143.000 viviendas por construir que no quedarán afectadas". "El desarrollo es posible también en el litoral andaluz, pero no a cualquier precio ni a costa de cualquier territorio", ha añadido.

El pasado otoño, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) informaba favorablemente del Plan de Protección del Corredor Litoral, elaborado por la Junta para preservar del proceso urbanizador zonas litorales con valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales. Este informe contó asimismo con el voto en contra de los representantes de la Confederación de Empresarios (CEA) y de los colegios de arquitectos, así como con la abstención de los dos representantes de las asociaciones ecologistas.