Publicado 23/01/2014 15:03CET

Maeztu admite a trámite la queja contra el cordón policial de la ocupación de Nuevo Amate

El edificio de Nuevo Amate vigilado por la Policía.
APDH-A/EUROPA PRESS

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por José Chamizo, ha admitido a trámite la queja promovida por el Grupo de Juristas 17 de Marzo a cuenta de los rigores y restricciones del cordón policial desplegado a cuenta de la acción protagonizada por las familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en el barrio de Nuevo Amate.

A través de un escrito emitido este pasado miércoles y recogido por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz analiza las "discrepancias" del Grupo de Juristas 17 de Marzo en cuanto a la "actuación de la Policía Local" en este asunto y zanja la admisión a trámite de la queja, anunciando así la solicitud de "la colaboración necesaria" al Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido. La Policía Nacional, por cierto, también participó en este dispositivo.

Según este grupo de abogados, el cordón policial impedía la introducción de "teléfonos móviles, cargadores o tecnología" en las viviendas ocupadas, así como que los medios de comunicación entrevistasen a estas personas en el interior de las viviendas e incluso la entrega "libre" de medicinas a los protagonistas de los hechos, entre otros aspectos. Igualmente, el colectivo señala la "orden administrativa" según la cual los agentes debían impedir que regresase al interior cualquier miembro de las familias que hubiese abandonado el edificio.

Las familias abandonaron este pasado miércoles el edificio de manera voluntaria después de que el Juzgado de Instrucción número 13, de Sevilla les citase a declarar como imputados por un presunto delito de usurpación a cuenta de la denuncia promovida en su contra por Emvisesa como titular de las viviendas. Los abogados, en ese sentido, critican que "ninguna de las administraciones e instituciones", en referencia al departamento de Maeztu, la Fiscalía y el juzgado, "haya comprobado al menos 'in situ' la situación e instado a que se pusiera fin" a las restricciones del control policial "hasta que hubiera una orden judicial". "El cordón policial se estaba excediendo en el marco de sus competencias", consideran estos letrados.