Maeztu pide aclarar configuración de derechos y garantías en la Ley de servicios sociales

EUROPA PRESS/PARLAMENTO/ARCHIVO

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, ha comparecido este viernes en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento andaluz para valorar el proyecto de ley de servicios sociales de Andalucía, que sustituirá a la vigente ley aprobada en 1988. El Defensor ha valorado el proyecto de una forma positiva con carácter general, como un nuevo marco jurídico para los servicios sociales que mantendrá su vocación pública o la estructura territorial del sistema, aunque ha solicitado que se analicen algunas dudas como la configuración de los derechos y garantías que proporcionará la ley.

Durante su intervención, Maeztu ha mostrado su "inquietud" en cuanto al reconocimiento de los derechos subjetivos al condicionar el derecho de acceso a las prestaciones del sistema, también en el caso de las prestaciones garantizadas, a criterios de índole presupuestaria. El Defensor ha subrayado que, con independencia de la regulación legal, la propia Constitución y las leyes de estabilidad presupuestaria, "surge la duda de si es la dotación presupuestaria la que condiciona la categoría de derecho subjetivo o es al revés, como tendría que ser".

El titular de la Defensoría también ha reclamado que "no se restrinja" la titularidad de los derechos a las personas extranjeras no residentes de acuerdo a la Ley de Extranjería y que el listado de prestaciones garantizadas, a la espera de la aprobación del catálogo, incluya una renta básica que "garantice unas condiciones de vida digna, puesto que se trata de un derecho reconocido en el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Maeztu ha propuesto la inclusión de otras prestaciones garantizadas que no aparecen en el proyecto de ley como la ayuda a domicilio básica, la atención psicosocial y psicoeducativa y la garantía de un alojamiento alternativo, para que no se pierda la oportunidad de configurarlas como derechos.

Entre otras propuestas, el comisionado del Parlamento ha recomendado la inclusión del derecho de los usuarios de los servicios sociales a recibir un buen trato por parte de los profesionales o el derecho a no ser sometidos a ningún tipo de inmovilizaciones o restricciones físicas o intelectuales, salvo peligro inminente para la seguridad propia o externa, con la reivindicación de que se minimice y elimine el uso de sujeciones o contenciones en la comunidad autónoma.

El Defensor del Pueblo andaluz ha planteado una "revisión" de las competencias y financiación del sistema de servicios sociales tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional para definir una relación concreta de funciones y competencias y ha señalado que el proyecto de ley "no matiza suficientemente la diferencia entre la colaboración y la participación de las empresas privadas".

Maeztu ha invitado a encontrar "el máximo consenso social y político posible" sobre el concierto social y, para ello, ha propuesto considerar las premisas de calidad y proximidad de los servicios, enfoque comunitario, apoyo a la iniciativa social y a la economía social y, en los restantes casos, preeminencia de los proyectos que supongan creación de empleo de calidad y reinversión de parte de los beneficios en mejoras del servicio.

Por último, Maeztu ha defendido que "el gasto social reduce drásticamente el gasto sanitario y se convierte en herramienta de prevención", toda vez que asegura que la intervención social "debe ser considerada en su contexto" y apuesta "por un reparto igualitario de esta tarea entre hombres y mujeres".

PP ASEGURA QUE LA LEY "ES MUY MEJORABLE"

La diputada popular Ana Vanessa García ha asegurado que "muchas de las debilidades" puestas de manifiesto por el Defensor "ya se pusieron de manifiesto" en la fase de exposición pública por parte de numerosas organizaciones y "no se tuvieron en cuenta", por lo que confía en que en el trámite parlamentario "se tengan en cuenta", porque, a su juicio, la ley "es muy mejorable".

Por su parte, la diputada de Podemos Esperanza Gómez ha señalado que comparte "muchas de las inquietudes" expresadas por el Defensor durante su comparecencia, en la que, asegura, ha respondido a muchas de las dudas de su formación.

Desde Ciudadanos, María del Carmen Prieto ha afirmado que "es muy importante" que el servicio de ayuda a domicilio "esté en la ley como derecho garantizado", porque "no aparece", y apunta que más importante que definir que las empresas que prestan los servicios "sean o no con ánimo de lucro" es el mantenimiento de la calidad en el servicio y en el empleo.

Elena Cortés, de IULV-CA, apunta que esta ley es muy importante "por su contexto, con un aumento extraordinario de andaluces en riesgo de pobreza, que alcanza al 51% de menores de 16 años". Por tanto, "compartimos que debería haber una red de servicios sociales pública que posibilite el acceso a los derechos humanos y los derechos contenidos en el Estatuto", manifiesta la diputada, que critica "la brecha de género y la precariedad del grueso de mujeres que trabajan en el entorno de los servicios sociales".

"Aspiramos a mejorar profundamente esta ley para respetar el Estatuto y adecuar una ley en una situación estructural de sobreexplotación", y en este sentido, añade, "no pueden compartir que la disponibilidad presupuestaria sea la que marque las prestaciones". "Vamos a trabajar con todas las fuerzas para mejorar ostensiblemente esta ley", concluye.

"FUNDAMENTAL QUE LA LEY TENGA UN AMPLIO CONSENSO"

Por último, la diputada socialista Soledad Pérez cree "fundamental que en Andalucía la ley tenga "un amplio consenso parlamentario y un gran consenso" de las administraciones públicas andaluzas, porque "no es una ley de la Junta, sino de las administraciones". "Es fundamental que la Administración local sea corresponsable y se sienta parte de este proyecto porque si no se lo cree, realmente habremos fracasado desde el nivel de entrada que son los ayuntamientos, diputaciones y servicios sociales comunitarios".