Dan a Justicia un plazo "improrrogable" de diez días para que realice el pago
SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los 46 monitores que impartieron entre los pasados meses de marzo y mayo el programa 'Formar en Justicia', desarrollado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en colaboración con la Consejería de Educación, han reclamado a la Administración andaluza el pago de sus sueldos y de los gastos a los que tuvieron que hacer frente durante la realización del curso.
Según informó a Europa Press una de las monitoras, Patricia Martínez, la Junta de Andalucía contrató, a través de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, y el Centro Andaluz para la Mediación y el Arbitraje, los servicios de la empresa granadina Pareto Systems S.L. para que seleccionara a los trabajadores encargados de impartir los cursos, quienes tuvieron que darse de alta como autónomos para poder llevarlos a cabo.
El origen de este programa se remonta al pasado 29 de enero, cuando la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía firmó un convenio de colaboración con la Consejería de Educación con el objetivo primordial de "reforzar la formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, favoreciendo el ejercicio de la ciudadanía, de la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres, así como difundir la Justicia entre los menores de edad de la comunidad autónoma".
La misma fuente explicó que el programa se llevó a cabo entre los meses de marzo y mayo, y que los monitores sólo cobraron los sueldos del mes de marzo con dinero de Pareto Systems S.L., quedándose sin percibir las nóminas correspondientes a los meses de abril y mayo al argumentar la citada empresa que la Junta de Andalucía no le había ingresado dinero y que, por tanto, no podía abonar las cantidades reclamadas.
LA ADMINISTRACIÓN, "LA PRINCIPAL RESPONSABLE"
Los monitores afectados señalaron a la Administración andaluza como "la principal responsable" de la situación "precaria" que padecen al considerarla, en tanto que promotora e impulsora del proyecto, la encargada de contratar a Pareto Systems S.L. y, por tanto, de efectuar el pago a dicha entidad para que pueda hacer efectivo el pago de las facturas al equipo de monitores, acusándola de no haber impedido "la apropiación indebida del esfuerzo y el trabajo colectivo" de este grupo de profesionales.
El colectivo de profesionales afectados anunció también la apertura de un plazo "improrrogable" de diez días para "solucionar, subsanar y abonar las respectivas cantidades que se nos adeudan", y adelantó la posibilidad de denunciar los hechos a la Justicia para solicitar indemnización al respecto.
Según datos proporcionados por los monitores, la deuda en Sevilla, la provincia que más profesionales reunía, asciende a 20.480 euros, una cifra que se queda en 15.000 euros en el caso de los monitores de Almería, quienes aún no han cobrado por el trabajo realizado en los centros educativos, el trabajo de formación, la preparación de sesiones, de materiales y el programa en sí. Asimismo, la deuda ronda los 10.000 euros en el caso de los monitores de la provincia de Huelva.
Ante esta situación, los monitores confirmaron que han tenido que hacer frente anticipadamente a los gastos de seguros sociales, IVA y desplazamiento contraídos durante el desarrollo de los cursos, facturas cuyo pago reclaman a la Junta de Andalucía.
"FALTA DE RESPETO"
El colectivo de monitores también desveló haber soportado durante la realización del proyecto unas condiciones de trabajo "distintas de las acordadas en un principio", y habló de "discreción" para definir su actuación en estos meses, "a pesar de las ausencias de comunicación, retrasos reiterados y no claridad en nada de lo sucedido en un principio".
Los monitores describieron su situación actual como una "falta del más mínimo respeto" hacia su trabajo realizado, "a la calidad del mismo y a la profesionalidad", así como alertaron de "las dramáticas y dificilísimas condiciones socio-familiares" que aseguran estar viviendo algunos de los profesionales afectados, que carecerían de "medios económicos para pagar casa, comida o los gastos más elementales" como consecuencia de estos impagos.
Según la versión de los profesionales afectados, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que ha recibido escritos de queja remitidos por ellos, "se defiende asegurando que ellos no deben nada, ya que es a la empresa Pareto Systems S.L. a quien tienen que reclamar el pago".
Por último, los monitores anunciaron que se pondrán en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, partidos políticos, representantes sindicales para solicitarles amparo y protección de sus "derechos elementales como personas y trabajadores".
