SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Podemos Andalucía va a defender este jueves una Proposición no de Ley (PNL) en el Pleno del Parlamento andaluz por la que insta a la Junta a declarar a la Comunidad como opuesta a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que no acepta ni sus principios ni objetivos, y comprometida en la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la cohesión y redistribución social.
En la iniciativa, recogida por Europa Press y que Podemos también ha presentado en otros seis parlamentos españoles, también reclama solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles.
Insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en este ni en ningún otro tratado; defender la actual política reguladora de la UE y de sus estados, y defender el principio básico democrático de soberanía e independencia nacional, salvaguardando todas las competencias de un estado soberano, y voluntad popular.
Pide que el Gobierno suspenda las negociaciones del TTIP para que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia, y sean tratados de igual forma en el acuerdo, los objetivos sociales y ambientales; que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo; que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, y que el TTIP se someta a un referéndum vinculante.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para Podemos, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos están negociando desde 2013, "de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos", un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones "que representa un serio peligro para la democracia y la protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general".
Censura que la información relativa al desarrollo de las negociaciones del TTIP con la que cuenta el Parlamento Europeo mantiene un acceso restringido para los propios europarlamentarios y que las negociaciones "apenas están contando con representantes de la sociedad civil".
Podemos defiende que los gobiernos regionales de la UE tienen el derecho a ser informados sobre el desarrollo de las negociaciones y los cambios legislativos que pueden ser acordados a nivel europeo para posicionarse sobre ellos, ya que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones muy importantes sobre las competencias autonómicas. "Este derecho ha sido obviado hasta la fecha", apostilla.
Asimismo, advierte que EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas de protección de los inversores que impactan directamente contra el principio de soberanía nacional, "imponiendo modelos de arbitraje y resolución de conflictos que equipara al Estado y sus administraciones con las empresas transnacionales".
Que uno de los objetivos básicos del TTIP sea la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas transnacionales, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las administraciones públicas, para Podemos pone en peligro todos los servicios públicos y las contrataciones públicas en todos los niveles administrativos, así como la capacidad y el margen de maniobra real de los representantes públicos democráticamente elegidos para administrar las entidades y desarrollar las políticas locales de acuerdo al interés general.
Sobre la contratación pública, Podemos defiende que todo nuevo acuerdo referente a este asunto debe ir dirigido a aumentar las garantías, y no a reducirlas, así como que cualquier negociación de un nuevo acuerdo no debe poner en peligro los aspectos progresivos
de la Ley de Contratación Pública de la UE.
"Los intereses estratégicos de las empresas trasnacionales y sus intereses comerciales no deberían ser los únicos criterios para determinar acuerdos comerciales como el TTIP ni se deben imponer por encima de cualquier otra consideración económica, social o sanitaria ignorando cualquier legislación comunitaria, nacional, autonómica o
municipal", advierte Podemos en el texto antes de incluir que los aspectos relacionados con la protección de los trabajadores, consumidores, seguridad alimentaria y del medio ambiente tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral.
