SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, acusó hoy a la Junta de Andalucía de "tirar la casa por la ventana" para mantener a las empresas públicas, cuya deuda se ha duplicado en un año, lo que supone un 103,7 por ciento más que en el primer trimestre de 2009, según un informe del Banco de España al que hizo referencia.
En rueda de prensa, Soto criticó que la mayor parte de las empresas públicas no tengan "ningún control parlamentario" y que el Gobierno andaluz destine 5.000 millones de euros al año a este sector, mientras que "reduce las inversiones que crean empleo".
La dirigente del PP-A dijo que si formación gana las próximas elecciones autonómicas basará su estrategia en tres pilares fundamentales: reducción del gasto corriente, excepto en sanidad, educación y servicios sociales; mantener la inversión pública; y bajada selectiva de impuestos. "Desde 1996 hasta 2004 los pusimos en marcha y se multiplicaron los ingresos y el empleo", agregó.
Según apuntó Soto, los tres pilares en los que el PSOE-A centra su estrategia en estos momentos son: la subida de impuestos; los recortes sociales; y la disminución de las inversiones.
De otro lado, la portavoz regional de los 'populares' andaluces aseguró que el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, "mintió" ayer cuando dijo que en Andalucía no decrecerán las inversiones en 2011. "Está ocultando la realidad y engañando a los andaluces", apuntó Soto, quien consideró que la honestidad tiene que ser la base fundamental de los políticos.
En esta línea, indicó que en Andalucía "nunca" se ha cumplido el porcentaje de inversión por parte del Estado respecto a la población y que tampoco se ejecuta el total de las inversiones, algo que está garantizado en otras comunidades, entre ellas Cataluña.
Soto afirmó que la inversiones decrecerán en Andalucía el año que viene como consecuencia del Decreto-Ley de medidas de ajuste aprobado por el Gobierno de la Nación y de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno andaluz, lo que supondrá un recorte de 860 y 2.500 millones, respectivamente.
