SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El PP-A, a través de su diputada Teresa Ruiz-Sillero, ha reprochado este jueves al Gobierno andaluz las condenas judiciales que le están imponiendo desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la Junta "por inactividad, por no hacer su trabajo de comprobar y revisar los expedientes de subvenciones de Formación Profesional para el Empleo", y por las que se ve obligada a pagar al empresario y exconsejero Ángel Ojeda, mientras que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha respondido señalando que desde el Ejecutivo autonómico están estudiando la documentación necesaria para saber si es posible solicitar el reintegro de subvenciones concedidas.
Así lo ha señalado el consejero en el Pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta de la citada diputada 'popular', quien ha reprochado al Ejecutivo andaluz que la Junta "esté siendo condenada judicialmente por inactividad", motivo por el que "hay 539 millones de euros sin justificar y más de 386 sin pagar; casi 1.000 millones en el aire", ha resumido Ruiz-Sillero.
Al hilo, ha preguntado al consejero si "no es políticamente muy grave que se condene al Gobierno socialista de la Junta por no hacer su trabajo" y si "hay más empresarios además de (Ángel) Ojeda que estén denunciando a la Junta judicialmente", así como "cuántas sentencias condenatorias tiene el Gobierno" andaluz y "cuánto nos está costando a los andaluces la orden de Susana Díaz de parar los cursos de formación".
Sánchez Maldonado ha respondido señalando que desde su Consejería vienen actuando en relación con las subvenciones de formación en "dos frentes diferenciados"; siendo uno de ellos el judicial, donde están "colaborando de manera escrupulosa con la investigación que se lleva a cabo sobre esta revisión de las ayudas", y otro "estrictamente administrativo", en el que se está procediendo a una "revisión y cierre de todas las ayudas pendientes".
En ese proceso se incluyen los litigios por los que ha preguntado la representante del PP-A, según ha añadido el consejero, que ha explicado que en las referidas sentencias, el TSJA "falla que la administración está obligada a abonar la liquidación del expediente de acuerdo con la orden regulatoria y la correspondiente resolución de concesión", pero ello "sin perjuicio de que la administración pueda comprobar las condiciones asumidas por el beneficiario e iniciar, si procediera, un expediente de aminoración o de reintegro en caso de incumplimiento".
"Es decir, dejan a salvo expresamente las facultades de comprobación de la administración cuyo litigio podría determinar el inicio de expediente de reintegro o aminoración, que incluso podría afectar a la ejecución efectiva de la sentencia, lo que habría que hacerse valer a través del correspondiente incidente de ejecución", ha advertido el consejero, que ha añadido que en esa tarea, desde la Junta están "examinando toda la documentación significativa justificativa de estos expedientes para determinar si procede causa de aminoración o reintegro".
También ha apuntado que "por ahora son cuatro las sentencias recaídas"; en concreto, sobre un expediente por importe de 125.259 euros, por otro de 36.612 euros, por un tercero de 6.351 euros, y por otro de 8.957 euros, "a los que hay que sumar las costas y los intereses".
CONDENAS "POR INACTIVIDAD"
Teresa Ruiz-Sillero ha replicado al consejero que "lo que dice el TSJA es que condenan por inactividad" a la Junta a "liquidar y pagar la cantidad, en su caso, con imposición de costas". "Es decir, dice muy claro que el Gobierno socialista no está haciendo su trabajo", y eso conlleva que "se ha favorecido el fraude". "Le estaban dando subvenciones a la red clientelar para obtener más réditos electorales", ha abundado al respecto la 'popular'.
Ruiz-Sillero ha concluido reprochando que hay "casi 1.000 millones en el aire, y encima tenemos que pagarle intereses legales y el abogado a un empresario que está siendo investigado judicialmente, que es probablemente el que más subvenciones ha recibido y ha defraudado", y acusando de "indolentes" a la presidenta de la Junta y al consejero de Empleo, porque "les da igual que se pierda el dinero" público.
Sánchez Maldonado ha concluido el debate insistiendo en que "las sentencias le dan la razón por ahora a estas empresas en el cobro del 25 por ciento de las subvenciones, pero no les exime a ninguna de ellas del deber de cumplir con el objeto para el cual se dieron y de justificar ese objeto", lo cual "significa que desde la Consejería, una vez que terminemos la revisión de las justificaciones presentadas, si corresponde aminorar o hacer reintegro se hará, y no le quepa ninguna duda que se le reclamará a la empresa".
De igual modo, ha señalado, "en cuanto al coste para la administración", que "el crédito del 25 por ciento que resta de pago a estas entidades está ya comprometido desde el momento en que se procede a la subvención", por lo que "el coste económico, salvo los intereses, es el previsto y comprometido en el Presupuesto de la Junta que se refiere al momento en que la entidad justifique directamente la subvención".
"No son compromisos de gasto nuevo, surgen desde el momento en que se concedió la subvención", ha remachado el consejero, que ha finalizando apuntando que "el gasto nuevo que podría darse son los intereses, que pueden ser a favor o en contra según haya o no reintegro".
