SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El concejal del PP y consejero de la empresa Mercasevilla, Beltrán Pérez, aludió hoy en la sesión ordinaria de Pleno municipal a la falta de correspondencia entre algunas características del pliego definitivo de condiciones técnicas para la opción de compra sobre los terrenos de la empresa, finalmente adjudicada a una filial de Sando y que el PP posee por el juzgado, y el pliego que se aprobó en Pleno al figurar entre informes anexos, como las firmas y algunas cláusulas.
En este sentido, Pérez señaló que "el boomerang lanzado no ha alcanzado a la víctima y ahora amenaza con clavarse en la frente" y para ello dio argumentos tales como que dos días después de que el pliego de condiciones se aprobara en comisión ejecutiva el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, "seguía dando instrucciones" sobre las modificaciones a introducir.
El edil popular, asimismo, incidió en las diferencias detectadas, señalando que el documento que se aprobó en Pleno es un "borrador sin fecha" que incluso contaba con espacios en blanco en algunos tramos, cuando el pliego se había aprobado quince días antes.
Por otro lado, en el pliego definitivo aparece la firma de Gonzalo Crespo como presidente de Mercasevilla, con una rúbrica que "no se corresponde" con la del documento aprobado en Pleno; por último, en uno de los documentos se dice que los documentos carecen de carga real, cuando la realidad, según el PP, es que Sando tiene derechos sobre esos terrenos.
Pérez hizo estas revelaciones en el contexto de un debate plenario en el que se instaba a Mercasevilla a facilitar la información requerida a cuenta de las diligencias que se instruyen en el juzgado, propuesta finalmente aprobada tras un recordatorio del caso por parte del portavoz popular, Juan Ignacio Zoido, que llegó a pedir la dimisión del alcalde por la gravedad de los hechos, señalando que "después de nueve meses Monteseirín sigue sin participar de manera activa en la investigación de los hechos" y exhortando al equipo de gobierno a que dejen de "escudarse en una serie de condicionantes".
Tras la aprobación de la propuesta, se facilitó en el acto al propio consejero popular información --cuyo volumen, según matizó, no es el mismo que el de la cantidad de información requerida--, obteniendo el compromiso del consejero apoderado de Mercasevilla y concejal socialista, Alfonso Mir, de que aquella información que se requiera se le facilitará "en el seno de la empresa".
CELIS INSTA AL PP A "IR A LOS TRIBUNALES"
Por su parte, el portavoz municipal socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, instó al PP a "ir a los tribunales" ante cualquier "duda jurídica", pues "los únicos que pueden dirimir responsabilidades son los tribunales y no ningún inquisidor, y se están dando nombres que no están imputados todavía".
En este sentido, Gómez de Celis ha ordenado a la jefatura de servicio de Alcaldía que fotocopie, compulse y envíe al Juzgado de Instrucción número 6 el expediente 114/05, "instruido para conceder autorización a Mercasevilla para que proceda a la convocatoria del concurso público para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos propiedad de Mercasevilla para su ejercicio en el momento del traslado de su unidad alimentaria".
El equipo de gobierno, de su lado, insistió en una nota informativa sobre la existencia de un "único" pliego de condiciones particulares, "que se aprobó por unanimidad de forma consecutiva por tres órganos diferentes de esta empresa pública --Comisión Ejecutiva, Consejo de Administración y Junta General de Accionistas-- en noviembre de 2005". Asimismo, recordó que ninguna empresa licitadora impugnó el documento por considerarlo "ilegal, irregular, antieconómico o perjudicial para sus intereses".
Una de las ramificaciones del caso Mercasevilla --la investigación del servidor informático de la Gerencia de Urbanismo-- también salió a la luz en el Pleno, cuando el portavoz adjunto del PP Francisco Pérez cuestionó al equipo de gobierno a informar sobre el usuario de una dirección de Internet y a asegurar que no se dio orden desde Urbanismo de borrar datos. A ello, Gómez de Celis respondió que la dirección se contrató en 1996, cuando PP y PA dirigían la Gerencia de Urbanismo.