SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las personas que sean llamadas a comparecer en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación constituida en el Parlamento andaluz y que no acudan a la misma incurrirán en un delito de desobediencia, previsto en el artículo 502 del Código Penal, que supone una pena de seis meses a un año de prisión.
Así se recoge en el plan de trabajo de la citada comisión, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que también se apunta que los comparecientes se enfrentarán a la misma pena, establecida en el artículo 502.3 del Código Penal, en el caso de que faltasen a la verdad durante su testimonio ante la comisión.
Si bien, estos tendrán derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse responsables de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente.
De igual modo, si durante la comparecencia la persona compareciente entendiese que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales podrá solicitar la intervención de la mesa de la comisión para su garantía.
De las incomparecencias o presuntos testimonios falsos que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la comisión de investigación, la Mesa del Parlamento, a través de su Presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda.
Según se recoge también en el citado plan de trabajo, el listado de los comparecientes se presentará en el registro de la Cámara por parte de los grupos una vez finalizado el plazo para el análisis de la documentación y se someterá a votación en reunión de la comisión.
Las comparecencias se llevarán a cabo de forma oral y comenzarán con la intervención inicial del compareciente por un tiempo de exposición de diez minutos. Posteriormente, habrá un turno de intervención de cada grupo parlamentario, que se desarrollará por el procedimiento de preguntas y respuestas, por un espacio de 15 minutos.
Tras la primera ronda de preguntas se concederá por parte de la Presidencia, y a solicitud de los portavoces de los grupos, un segundo turno de cinco minutos para aclarar, concretar o matizar aquellas cuestiones o respuestas que no hayan quedado, a entender del grupo solicitante, suficientemente esclarecidos.
Finalizadas las sesiones, una vez recibida toda la documentación y habiendo declarado todos los comparecientes que hayan sido convocados, se establecerá un plazo de 15 días hábiles máximo para que los grupos parlamentarios remitan a la Presidencia su propuesta de dictamen final.
Recibidas las propuestas de dictamen, la Presidencia remitirá a los grupos un documento de síntesis de las mismas, que servirá de base para la elaboración de un dictamen final de la comisión. Tras el correspondiente debate llevado a cabo en el seno de la comisión de investigación, que será moderado por la Presidencia, los grupos parlamentarios podrán formular sus votos particulares.
El dictamen resultante junto con los votos particulares se elevarán al Pleno del Parlamento para su debate y aprobación definitiva, si procede. Está prevista la finalización de la citada comisión al final del primer periodo de sesiones de 2016, con la posibilidad de prorrogarse si se alcanza un acuerdo entre los grupos.
