SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El plazo habilitado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla para presentar candidaturas a Defensor Universitario se ha cerrado este domingo 15 de febrero sin que se haya registrado ningún candidato interesado en ocupar el cargo, según han precisado a Europa Press fuentes de la institución universitaria, con lo que prosigue el enquistamiento en este departamento.
Ahora, una posible fórmula para sortear esta situación podría ser reeditar lo sucedido hace aproximadamente un año, cuando el rector de la UPO, Vicente Guzmán, estableció el nombramiento como Comisionado de la Defensoría del catedrático de Psicología de la Comunicación Juan Daniel Ramírez Garrido, que recientemente se sometió a votación por parte del Claustro sin alcanzar la mayoría necesaria para esta designación, en su segunda tentativa al cargo.
En este sentido, el propio Ramírez Garrido confirmaba a Europa Press su determinación a no volver a presentarse a un cargo que ve "muy problemático" en esta sede académica.
La presentación del hasta ahora Comisionado se produjo tras la polémica provocada después de que el anterior Defensor, el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo Gamero, decidiera retirar su candidatura al entender que la elección de una figura que fundamenta su actuación en la confianza que merece "no puede tener su origen en una polémica acerca de la legalidad o no de la votación mediante la que se le designa", dado que la segunda votación programada, tras no lograr la mayoría necesaria en la primera, fue objeto de reclamación.
Las candidaturas a Defensor pueden presentarse a iniciativa de una quinta parte de los claustrales o a iniciativa del rector, según establece el artículo 185.1 de los Estatutos de la UPO y el artículo 6.2 del Reglamento de la Defensoría. Según los artículos 6.3 y 6.8 de dicho Reglamento, una vez presentadas las candidaturas se convocará sesión del Claustro para proceder a la elección en un plazo máximo de quince días.
La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios. A este efecto recibe quejas y efectúa sugerencias, tramita expedientes de oficio y desempeña funciones de mediación. Todas sus actuaciones se dirigen a la mejora de la calidad universitaria. Se trata de un órgano de creación preceptiva, de acuerdo con la Disposición Adicional 14 de la Ley Orgánica de Universidades: los Estatutos de la Olavide regulan esta institución en el Título Octavo.
Se trata de un órgano de creación preceptiva, imparcial e independiente, cuya persona titular es democráticamente elegida por el Claustro, ante el que presenta un informe anual. No está sometida a directrices ni mandato imperativo alguno, pero tampoco dispone de poderes ejecutivos: efectúa recomendaciones y sugerencias guiadas por un principio de equidad o justicia material. La designación del titular de la Defensoría requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Claustro universitario.
