La queja señalaba "la negativa a acudir a determinadas zonas o la no atención prioritaria a las personas con discapacidad"
SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha dado "por concluidas" sus actuaciones en una queja incoada a cuenta de una asociación que atisbaba "disfuncionalidades o irregularidades" en el servicio que prestan los taxis adaptados a personas de movilidad reducida o eurotaxis de Sevilla capital, tras defender el Ayuntamiento hispalense que el número de licencias de eurotaxi es "suficiente" y admitir que "podrían estar dándose incumplimientos por los titulares de sus obligaciones de prestación prioritaria de servicios a las personas con movilidad reducida".
Mediante una resolución fechada el pasado 14 de febrero y recogida por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu rememora una resolución emitida en junio de 2019 por dicha institución, merced a una asociación que mostraba su "disconformidad con la convocatoria abierta por el Ayuntamiento de Sevilla para la conversión de (licencias de) eurotaxis a taxi convencional por entender que ello vulneraba los principios de la accesibilidad universal".
El pasado mes de septiembre de 2017, en ese sentido, el Instituto Municipal del Taxi abría una convocatoria para la conversión de licencias de taxi adaptado a personas de movilidad reducida, a licencias convencionales.
Según los términos de dicha convocatoria, recogida por Europa Press, una vez "superado el cinco por ciento de licencias de taxi para vehículo adaptado en relación con la flota existente" en la capital andaluza, y merced al convenio rubricado en 2016 entre el Ayuntamiento hispalense y las asociaciones mayoritarias del sector local del taxi, procedía "abrir un plazo para que los titulares de licencias de eurotaxi puedan solicitar su conversión a licencia de taxi convencional".
El procedimiento, no obstante, estaba "limitado" al "mantenimiento del cinco por ciento de la flota de vehículos adaptados", toda vez que en aquellos momentos, el Ayuntamiento defendía que la ciudad contaba con 159 taxis adaptados, el 7,9 por ciento de una flota que rondaba entonces los 2.000 vehículos.
MÁS CONVOCATORIAS SIMILARES
A la convocatoria concurrieron un total de 50 taxistas de los entonces 159 titulares de licencias de taxi adaptado y, finalmente, fueron autorizadas 23 de las solicitudes, tras lo cual en abril de 2018 se abría otra convocatoria similar "a fin de que los titulares de licencia de eurotaxi que lleven cinco años o más de antigüedad con vehículo adaptado puedan solicitar su conversión a taxi convencional", siendo abierta recientemente una nueva convocatoria similar.
Entre los requisitos de estas convocatorias, eso sí, figura el aviso de que "si el mínimo legal de eurotaxis pudiese disminuir como consecuencia del otorgamiento de las autorizaciones, antes de que se otorguen se exigirá a las siguientes transmisiones que se vayan a efectuar que el vehículo sea accesible, quedando por tanto suspendido el otorgamiento de la autorización hasta tanto se incorporen los vehículos eurotaxis necesarios".
El caso es que frente a la citada queja de la asociación, el Ayuntamiento alegaba "el estricto cumplimiento del porcentaje del cinco por ciento de la flota con vehículos adaptados" y añadía que "no se puede exigir un aumento de dicho porcentaje, salvo que los titulares de licencias voluntariamente quieran adscribir vehículos accesibles".
"NEGATIVA A ACUDIR A DETERMINADAS ZONAS"
Pero tras contestar la asociación promotora de la queja a la tesis del Ayuntamiento, avisando además de "la negativa a acudir a determinadas zonas, la ausencia de operatividad efectiva del porcentaje mínimo de eurotaxis exigido o la no atención prioritaria a las personas con discapacidad", el Consistorio hispalense no habría respondido a tales aspectos.
Por ello, en esta resolución de junio de 2019, el departamento de Maeztu reclamaba que "cuantas actuaciones sean necesarias para que la reclamación formulada acerca de posibles irregularidades y disfuncionalidades en la prestación de los servicios de eurotaxi sea objeto del debido impulso" y solución.
Ante dicho requerimiento, según la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento habría respondido al fin insistiendo en que es "suficiente el número de licencias de eurotaxis existentes", pero reconociendo que "podrían estar dándose incumplimientos por los titulares de sus obligaciones de prestación prioritaria de servicios a las personas con movilidad reducida". ello, la Policía Local estaría "realizando inspecciones rutinarias para evitarlo" y el Ayuntamiento habría llamado a "denunciar estos posibles incumplimientos concretos".
En la contestación municipal, según el departamento de Maeztu, "se negaba que se estuviera reduciendo la ratio de eurotaxis y las cautelas que se seguían para que ello no se produjera. También se exponían otras medidas que estaba impulsando el ayuntamiento y se reiteraba la necesidad de formular denuncias concretas para investigar y sancionar los incumplimientos que se produjeran".
