SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el hecho de que la Administración andaluza "otorga una subvención de más de 518.000 euros a una fundación que debería no existir, la extinta Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS), y estar integrada en la Agencia de Seguridad Social y Dependencia".
Según indica Safja en una nota, este recurso se ha presentado en Sevilla contra la resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Infancia y Familias, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas a las entidades colaboradoras en el ejercicio 2011, al amparo de la orden de 20 de julio de 2005 y la Orden de 9 de noviembre de 2005.
Entre las subvenciones otorgadas para la financiación de programas de inserción social de jóvenes que han sido tutelados por la Junta, "se encuentra como entidad beneficiaria la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) que recibe un importe de 518.144,96 euros", precisa.
Ante esto, el sindicato considera "contrario a Derecho que se conceda una subvención para una entidad que, desde la publicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, debiera estar extinta". El artículo 19 de dicha Ley establece que "el proceso de aprobación de los estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social".
Agrega que precisamente el 29 de abril de 2011 se publicó en BOJA el Decreto 101/2011 y los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por lo que "la FASS debería llevar casi seis meses desaparecida, y es más, la disposición adicional primera del texto del Decreto no deja lugar a dudas y reitera que 'a partir de la entrada en vigor de los Estatutos, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, cesarán en el desarrollo de sus actividades".
Continúa diciendo que "la agencia, a partir del inicio de su funcionamiento, asumirá el desarrollo de las actividades, hasta entonces llevadas a cabo, por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y por la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social".
"Hace sólo unos días que el Gobierno andaluz se jactaba del ahorro económico que las agencias conllevaría, pero son estas subvenciones una forma de optimizar recursos humanos, minimizar costes y reorganizar la estructura de la Administración Pública andaluza", se pregunta Safja, para el que "es inexcusable y vergonzoso que se apruebe la concesión que de más de medio millón de euros a favor de una Fundación que dejó de estar en vigor desde abril de este mismo año".
En el recurso considera que esta situación "es un auténtico despropósito", tras lo que revela que lo que subyace en este proceder "no es más que favorecer la externalización de servicios y la huida de los controles propios del ejercicio de las potestades públicas".
Safja ha recordado que ya presentó en mayo de este mismo año un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo publicado el día 5 de aquel mes, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de una subvención de casi 17 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en materia de fomento de empleo.
En aquella ocasión, "el mismo día de la fecha de dicho acuerdo, 19 de abril de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó los Estatutos de las ocho agencias creadas en el marco de la reordenación, incluida la del SAE, es decir, en el momento de su 'supuesta' autorización por el Consejo de Gobierno, la Faffe ya no existía".
Considera que el caso de la FASS "es aún más descarado si cabe, pues el tiempo transcurrido es mucho mayor que el sucedido con Faffe, aunque en ambos ocurre que se delegan potestades públicas de manera ilegal a personal laboral".
