Los sindicatos confirman que la empresa "no puede" afrontar el pago de la sentencia
SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del comité de empresa de Isla Mágica, Joaquín Jiménez (CC.OO.), advirtió hoy de que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al parque temático de Sevilla a pagar 4,2 millones de euros por el incumplimiento de las condiciones a las que estaban sujetas las ayudas percibidas en 1996 supone un serio "varapalo" que podría conducir a la empresa a la "quiebra técnica", por lo que reclamó a la Junta de Andalucía que "premura" en las negociaciones abiertas para la reformulación de la concesión administrativa de los suelos de este negocio.
Joaquín Jiménez informó a Europa Press de que la directiva de la empresa reunió la semana pasada a los trabajadores para ponerles en conocimiento de la citada sentencia del TS, que ha condenado a la empresa a abonar 4,2 millones de euros al al Ministerio de Economía y Hacienda por el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales percibió subvenciones públicas para arrancar su actividad. Jiménez aseguró que, según la información que baraja el comité de empresa, Isla Mágica "no puede hacer frente" al pago de esta cuantía, reconociendo que se trata de todo un "varapalo" a la línea de flotación financiera de esta sociedad participada principalmente por Cajasol.
"Si antes nuestra situación era incómoda, ahora es de casi desesperación total", dijo el presidente del comité de empresa para alertar de la "tensión" que reina en el parque temático de Sevilla a cuenta de su estado económico. Es por ello que opinó que la Junta debe "apremiar" en resolver la negociación abierta con la dirección de la empresa y el accionista mayoritario para reformular la concesión administrativa mediante la que este negocio opera en suelos de la isla de la Cartuja cuya titularidad ostenta la Administración andaluza.
"A LA QUIEBRA TÉCNICA".
En ese sentido, y recordando que la empresa ya pasó por un periodo de suspensión de pagos resuelto con la entrada de las cajas de ahorro andaluzas en su accionariado, Jiménez advirtió de que Isla Mágica "no puede" acogerse de nuevo a una maniobra de esta naturaleza y, ante una nueva crisis financiera, la entidad se vería abocada "a la quiebra técnica". "Ahora la Junta debe apremiar, las propuestas están hechas ya todas, hay que resolver", aseveró el líder sindical de la plantilla del parque temático.
La citada sentencia culmina un procedimiento abierto por el Ministerio de Economía y Hacienda contra el citado parque a consecuencia de las ayudas por creación de empleo percibidas en 1996 con motivo de la apertura de este negocio. Dicho ministerio creyó incumplida la creación y mantenimiento de 691 puestos de trabajo, frente a los 477 acreditados.
Cajasol, entretanto, sigue negociando tanto la venta de las participaciones a inversores privados interesados en el sector de los parques temáticos como la reformulación de la concesión administrativa por la que Isla Mágica funciona en suelos de la Junta de Andalucía, pues la empresa afronta el pago de un elevado canon pese a que no aprovecha buena parte de los activos que incluyen dicha concesión y que pesan grandemente sobre este canon.
