SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla acogió hoy la declaración del director de Movilidad en el Ayuntamiento de Sevilla R.G.L., que manifestó haber hablado "con todas las garantías constitucionales". R.G.L. está imputado por presuntos delitos de coacciones y lesiones en el marco de un supuesto acoso laboral por parte del concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Fernández, al jefe de servicio de Tráfico M.C.H.
Según declaró el propio R.G.L., que salió de las dependencias judiciales en torno a las 10.30 horas tras más de una hora y media de declaración, el juez Fernando Martínez garantizó "de una forma extraordinaria" sus derechos constitucionales. Asimismo, el directivo municipal no quiso "confirmar ni desmentir" ninguno de los hechos expuestos por M.C.H. en la querella, al tiempo que confirmó que con su declaración de hoy ya sólo resta la decisión del magistrado, que pondrá fin a la instrucción.
La declaración fue aplazada el pasado 1 de diciembre, día en el que declaró el propio Fernández, por diversos compromisos del juez, que imposibilitaron que R.G.L. pudiera dar su versión de los hechos.
El abogado de M.C.H., Ramón Echeveste, manifestó ese día que se han dado tres casos más dentro del mismo departamento donde trabaja su representado e ironizó al considerar que "el virus se ha activado y ahora hay una crisis aviar", al referirse al incremento del número de funcionarios que han solicitado la baja por depresión en el área de Tráfico y la delegación de Movilidad, por lo que el número asciende a cuatro, contando a M.C.H.
EL ALCALDE, PROPUESTO ENTRE LOS TESTIGOS
El juez tomó la decisión de aceptar la personación como imputados de Fernández y R.G.L. después de escuchar el pasado 28 de octubre de 2005 la declaración del demandante, donde ratificaba la querella interpuesta, y de que Echeveste propusiera la personación de una cuarentena de testigos, entre ellos el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.
Con respecto a los términos de la querella, el letrado afirmó que había existido una "degradación", con la "angustiosa" perspectiva de tener que volver al trabajo tras 19 meses de baja por depresión --el demandante sigue manteniendo su puesto como jefe de Servicio de Tráfico--.
Echeveste alegó que hubo una serie de actos que este hombre realizó en el ejercicio de sus funciones, que en vez de un mérito constituyeron para él un demérito, con lo que después "le vino el castigo", diluido bajo la excusa de las competencias de sus superiores, que lo que hacían era "enterrar una sana mala intención".
Las quejas de M.C.H. se centran, principalmente, en un conflicto con el anterior delegado de Movilidad, Blas Ballesteros, al encargarle éste la limpieza urgente de pintadas repartidas por toda la capital, así como en la realización de algunos actos, supuestamente a cargo de los presupuestos municipales, para "cumplir un fuerte compromiso político" con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.
El funcionario, asimismo, también denuncia la privación por parte del edil de Gobernación de una plaza de jefe de servicio, para la que era "el único candidato", a pesar de contar con un informe favorable de Ballesteros.
