SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los principales sindicatos representantes en la función pública andaluza, CCOO, UGT y CSIF, exigieron a la Junta de Andalucía que mantenga sus compromisos y no reduzca las plazas que formen parte de la oferta de empleo público, tras lo que demandaron que dicha oferta para 2010 se apruebe "ya" por parte del Consejo de Gobierno de la Junta.
El pasado 19 de febrero, la Consejería de Justicia y Administración Pública acordó con los sindicatos representativos de la Administración General --CCOO, UGT y CSIF-- una oferta de empleo público para este año con 750 plazas, que incluirá 500 plazas de acceso libre y 250 de promoción interna, y que supone un aumento de 205 plazas respecto a la primera propuesta ya negociada.
De esta forma, el secretario general de FSAP CCOO-A, Felipe Falcó, indicó a Europa Press que en la oferta de empleo público aprobada a nivel nacional, el Gobierno "ha incumplido el acuerdo", toda vez que esa oferta "no cumple el porcentaje de tasa de reposición que habíamos acordado".
Recordó que en Andalucía existía un acuerdo firmado con los sindicatos y el entonces viceconsejero de Justicia y Administración Pública, que esperan ahora que se cumpla, aunque mostró su temor por que "no se vaya a cumplir".
"Viendo lo de Madrid, nos tememos lo peor, un desastre total y absoluto y no tenemos esperanzas de cumplimiento", agregó Falcó, quien pidió a la Junta que "respete y cumpla lo firmado en Andalucía".
En ese sentido, CCOO-A espera que la Junta les llame y que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, a una reunión para abordar este y otros asuntos.
Por su parte, el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, se posicionó en la misma línea y recordó que en Andalucía "tenemos consensuada una oferta antes del cambio de gobierno, que esperamos que la nueva consejera la mantenga".
Por ello, espera que las próximas semanas, Martínez Aguayo les convoque a alguna reunión "para concretarnos y confirmarnos la oferta de 2010, y cerrar el acuerdo de diálogo social, que contempla aspectos como la prevención de riesgos o los convenios, una serie de asuntos que hay que retomar urgentemente".
Tirado, quien reconoció que la oferta de empleo público a nivel nacional es "corta" y donde la mayoría de las plazas "se han convocado para Seguridad del Estado y Justicia", mostró su deseo de que ese recorte estatal "no repercuta a nuestra oferta, que alcanzamos con consenso de todos".
Por su parte, la responsable de autonómica de CSIF-A, Alicia Martos, expresó su "absoluta incomprensión" porque, a día de hoy, "aún no haya sido aprobada la oferta de 2010 por el Consejo de Gobierno de la Junta", toda vez que se trata de una oferta "que ya se acordó y consensuó y con gran sacrificio por parte de organizaciones sindicales, de forma que logramos una oferta que no era la deseada por todos pero que, al menos era la mínima para mantener la prestación de servicios básicos".
Recordó que se alcanzó ese compromiso "después de una negociación intensa, de forma que el 19 de febrero llegamos a un acuerdo firmado en la mesa general de negociación con la Junta, un acuerdo que contemplaba especial atención para atender servicios básicos que estaban excluidos en la Ley de Presupuestos, como las oficinas de empleo o la Ley de Dependencia".
"Tendría que haber pasado ya por el Consejo de Gobierno y no sé a qué espera la Junta", agregó Martos, quien exigió al Gobierno andaluz que "cumpla el compromiso y se apruebe y se publique ya". Asimismo, demandó un mayor esfuerzo a la Junta para crear y dotar de más plazas de promoción interna.
ALTOS CARGOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
Asimismo, sobre la desaparición de consejerías y reducción de altos cargos, Martos mostró su preocupación por la reducción de delegaciones provinciales que supondrá la desaparición de dos consejerías y de la forma en que ésta se llevará a cabo esa reorganización, ya que "en gran parte de los casos supondrá una diferente ubicación y traslados físicos".
En ese sentido, consideró que "cuanto más se tarde en el tiempo esta remodelación, más se ralentizará la adecuada prestación de servicios".
Por su parte, Felipe Falcó se mostró de acuerdo con el ahorro de altos cargos, pero consideró que "no se puede ahorrar en servicios públicos", mientras que Antonio Tirado consideró necesario reducir esos altos cargos a las administraciones locales, donde "cada vez hay más dificultad para pagar las nóminas de los empleados públicos, por lo que hay que predicar con el ejemplo". "Soy partidario de todos nos apretemos el cinturón y de las congelaciones salariales, especialmente los que más ganan", aseveró Tirado.
En cuanto a la necesidad de reordenar el entramado de empresas públicas, Martos apuntó que "tras la sentencia ganada por CSIF sobre la empresa pública Egmasa, ahora todo el mundo se quiere apuntar la medalla", tras lo que consideró dicha resolución judicial como "referente básico" de su actuación ante "cualquier intento de externalización de servicios mediante decretos, encomiendas de servicios sobre empresas públicas".
Asimismo, anunció que CSIF obligará a la Junta a que ejecute esta sentencia, en la que no cabe recurso, "y así parar la creciente fiebre externalizadora, ahora habrá un plus de control ante los intentos de duplicidad de la administración".
Por su parte, tanto Falcó como Tirado recordaron que los sindicatos "venimos denunciando desde hace mucho tiempo" la necesidad recortar el número de las empresas públicas, donde, según recordó Falcó, "se suplanta el empleo público y en algunos casos algunos directivos cobran más que el presidente Griñán".
Tirado recordó que "desde los años 80 "llevan produciéndose externalizaciones de servicios, una práctica en la que no vemos ninguna justificación desde la perspectiva de gestión, pues los servicios públicos deben ser prestados por empleados públicos".
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