Sucesos.- Unión Romaní celebra el acogimiento de los menores de las familias de Tablada y pide soluciones

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Unión Romaní en Andalucía, Manuel García Rondón, celebró hoy que las familias de etnia gitana procedentes del desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, reagrupadas nuevamente en una finca de naranjos de dicho municipio aljarafeño, hayan sido entregados a familiares y allegados de estas personas, porque desde su perspectiva sus condiciones de vida mejorarán con "garantías".

En declaraciones a Europa Press, Manuel García Rondón aprobó que estas familias, expulsadas del citado poblado por orden del Ministerio de Economía y Hacienda, del Charco de la Pava y de la carretera de la base de helicópteros de El Copero, hayan entregado a los aproximadamente cien menores a familiares y amigos, dado que los niños estaban sufriendo las consecuencias de la vida nómada a la que se han visto condenadas estas familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un joven en un tiroteo.

"Ningún padre deja a su hijo con un cualquiera", dijo Manuel García Rondón entendiendo que la entrega de estos menores para alejarlos de la miseria de la vida nómada goza de "garantías" en cuanto a las condiciones de vida de estos niños y niñas. "Los niños es lo único de valor que tienen estas personas", resumió el secretario general de Unión Romaní en Andalucía.

No obstante, advirtió de que la reagrupación de estas familias en una parcela poblada de naranjos en San Juan de Aznalfarache constituye "una vuelta a lo mismo", porque el Ayuntamiento ya conminó a este grupo de familias a abandonar el enclave ocupado durante algunos días junto a la antigua discoteca 'La Recua', actualmente abandonada. Así, auguró un nuevo desalojo y reclamó soluciones a las administraciones, porque estas personas "tienen sus derechos".

EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO

Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales declararon como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.

Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.

Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.