SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El abogado Carlos Leal ha declarado este miércoles como testigo ante el juez Álvaro Martín dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE y ha asegurado que no le consta que el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías ordenase ningún pago "ilegal" en relación a las ayudas a Cárnicas Molina.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el letrado, que está siendo investigado en la causa matriz de los ERE, ha comparecido como testigo ante el instructor y, a preguntas del abogado de Zarrías, ha negado que el exconsejero ordenase ningún pago "ilegal", ya que los pagos vinculados a Cárnicas Molina se acogían a la Orden Ministerial de 1995 que regulaba las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas.
En este sentido, y según han indicado las mismas fuentes consultadas, el testigo ha precisado que la norma de 1995 ha sido mencionada en numerosas ocasiones a lo largo de la instrucción, "y especialmente" en la ratificación del informe realizado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, que aseguraron que las ayudas a Cárnicas Molina, Jerez Industrial y Faja Pirítica "se dan al amparo" de dicha Orden y que la Junta "las puede dar".
Asimismo, el abogado ha indicado en su declaración que los peritos manifestaron que la misma "no tiene límites en cuanto a la cuantía y duración" y que el empresario "no tiene que aportar nada".
"ERROR DE PLANTEAMIENTO"
El testigo ha comenzado su declaración diferenciando entre ayudas previas a la jubilación, regulada en la Orden Ministerial de 1994 y que requieren que el trabajador tenga 60 años; la jubilación anticipada, que es cuando el trabajador se jubila a partir de los 61 años y con 35 años cotizados, momento a partir del cual comienza a cobrar su pensión, y prejubilación, que consiste en que un trabajador, con una edad habitualmente situada a partir de los 50 años, "paga el convenio especial y tiene una renta derivada de la indemnización que percibe".
A su juicio, el "error" de planteamiento en el caso ERE ha venido motivado por el hecho de que, al solicitar la juez Mercedes Alaya el informe a los interventores del Estado, "se confunden las ayudas previas a la jubilación con la prejubilación", reclamándose a los interventores y éstos al Ministerio de Trabajo un informe "sobre la adecuación del sistema de las prejubilaciones" a la norma de 1994.
"Es como tener delante un motor de gasolina y pedir un informe sobre si se adecúa a las especificaciones de un motor diésel; es imposible que encaje", ha aseverado Carlos Leal, que ha precisado que, a la hora de dar ayudas que encajan en las prejubilaciones, el Ministerio de Trabajo "ha usado" la Orden de 1995.
Por ello, "si se hubiera pedido el informe sobre si la financiación pública se ajusta a la norma del 95, se hubiera concluido que sí, que se ajusta", algo que "he vivido" en Cárnicas Molina o Faja Pirítica, ha dicho el testigo, que ha recordado que, en la exposición motivada elevada por Alaya al Tribunal Supremo, "se habla de las normas y se despacha en una línea que la del 95 no es de aplicación".
Seguidamente, y en dicha exposición razonada, "se describe el sistema clásico de las prejubilaciones como un sistema propio creado por la Junta de Andalucía", ha subrayado Carlos Leal, que ha querido dejar claro que esto "no es cierto", ya que "es el sistema seguido por miles de empresas y trabajadores" y el Gobierno "ha usado la Orden del 95 para concederlas con financiación pública y siempre por concesión directa, sin concurrencia pública".
