Tribunales.- Acusación particular pide imputar a otros dos agentes por la detención ilegal a un profesor

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La representación jurídica del profesor de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que fue detenido de forma supuestamente ilegal por un agente de la Policía Nacional, imputado por estos hechos, recurrirá el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 al objeto de que se amplíe esta imputación a los otros dos agentes policiales que habrían intervenido en la detención.

Fuentes del caso informaron a Europa Press de que será este próximo lunes cuando presenten un recurso de reforma ante el Juzgado instructor del caso, en el que, además de solicitar que se amplíe la imputación, pedirán que los hechos se tipifiquen como un delito del 167 del Códico Penal y no del 530, como ha hecho el juez, "ya que la detención se produjo sin que mediara delito alguno".

En este sentido, las mismas fuentes explicaron que, en el caso de que el juez Francisco de Asís Molina aceptara esta última petición, la pena contra los policías podría ser de entre 8 y 12 años de inhabilitación, incluyendo además la posibilidad de ingresar en prisión.

Y es que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha imputado a un agente del Cuerpo Nacional de Policía, identificado como J.M.R., por un presunto delito contra la libertad personal contra un profesor de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), al que llevó a Comisaría tras negarse éste supuestamente a identificarse en el contexto de una concentración por el uso responsable del espacio público.

Según relata el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, entre las 2,00 y 2,30 horas del día 21 de enero de 2007, el profesor Salvador C. participaba en una concentración "pacífica y silenciosa" de carácter reivindicativo en la capital hispalense, cuando un agente de la Policía Local le requirió que se identificase, momento en el que acudieron hasta este lugar dos funcionarios de la Policía Nacional.

LOS HECHOS

Uno de ellos requirió nuevamente la identificación del profesor de la UPO, a lo que este respondió exhibiendo su documento de identificación a la vista del funcionario policial, ofreciéndose a facilitar todos sus datos aunque manteniendo el documento en la mano, la cual movía para evitar que el documento fuera aprehendido por la Policía y negándose a hacer entrega del DNI a los agentes.

Ante estas circunstancias, el agente imputado le inmovilizó y procedió a su detención aduciendo para ello que había cometido desobediencia por su negativa a identificarse, y acto seguido condujo al profesor a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde los dos funcionarios policiales citados rellenaron un formulario de información de derechos al detenido.

Así, el profesor fue conducido sobre las 5,00 horas a los calabozos de la Jefatura, siendo sometido a un cacheo "integral" por parte de un agente, "siendo obligado a desnudarse y a agacharse varias veces estando desnudo, llegando a ser manoseado en pene y testículos", mientras que no fue puesto en libertad hasta cerca de las 10,00 horas del mismo día.

El Juzgado considera "desproporcionada" la privación de libertad, ya que se prolongó "más allá de lo razonable en atención a la escasa entidad del hecho, que nunca podía integrar un delito de desobediencia ni motivar la puesta a disposición judicial del detenido", añadiendo que el hecho de haberlo tenido ingresado en los calabozos durante el resto de la madrugada "constituye una detención que rebasó con suficiencia el tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento del hecho y estaba huérfana de justificación".

Así, el Juzgado imputa al funcionario policial identificado como J.M.R. un presunto delito contra la libertad personal cometido por autoridad o funcionario público.