Tribunales.-La Diputación se persona en el litigio de Ustea contra los términos de la oferta de empleo de 2017

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha resuelto su personación en el litigio contencioso administrativo promovido por la sección sindical de Ustea en dicha institución, contra los términos de la oferta de empleo público de la citada entidad correspondiente a 2017, aprobada a finales de diciembre de aquel año y actualmente en tramitación.

A través de una resolución emitida el pasado 12 de junio y recogida por Europa Press, la Diputación da cuenta del mencionado litigio impulsado por Ustea contra los términos de la oferta de empleo público de 2017, que ha dado lugar a un procedimiento judicial incoado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número ocho de Sevilla.

A tal efecto, en esta resolución la Diputación acuerda su "personación en el procedimiento" judicial, así como "la remisión del expediente administrativo a que se contrae el mencionado recurso". Igualmente, la institución provincial ha acordado personarse en el litigio incoado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro, a cuenta del recurso de Ustea contra la resolución de la entidad que desestima el recurso potestativo de reposición formulado por el sindicado contra la orden de aprobación de la citada oferta de empleo público.

El asunto se encuadra así en la oferta de empleo público de la Diputación correspondiente a 2017, conformada por un total de 286 plazas, 249 de las cuales corresponden a procedimientos de "consolidación y estabilización del empleo temporal", según la documentación recogida por Europa Press.

Merced al Estatuto Básico del Empleado Público, que establece el procedimiento de consolidación para aquellas plazas ocupadas temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, esta oferta de empleo público incluye 215 plazas para consolidar su cobertura por los aspirantes que superen la selección. En la misma línea, y siempre bajo la premisa de "reducir la temporalidad", la oferta de empleo público comprende un proceso de estabilización del empleo temporal que afecta a 30 plazas de asistencia directa a usuarios de servicios sociales y a cuatro puestos relacionados con las políticas activas de empleo.

REDUCIR LA TEMPORALIDAD

A tal efecto, el Gobierno provincial socialista señalaba especialmente estas 249 plazas dispuestas para la "consolidación y estabilización de empleo temporal", porque "se pretende bajar a un máximo del ocho por ciento la temporalidad estructural de la plantilla de la institución, una vez concluidos los procesos selectivos a partir de 2020".

Igualmente, defendía la institución que para ello se había "llevado a cabo la correspondiente negociación, alcanzándose un acuerdo con las centrales sindicales para hacer posible la cobertura estable del máximo de las plazas posible por aquellas personas que superen el proceso selectivo para este fin".

Y además del mencionado litigio promovido por Ustea contra los términos de esta convocatoria de empleo público, la Diputación era recientemente el escenario de una protesta protagonizada por un grupo de interinos o miembros del personal laboral que ocupan actualmente muchas de las plazas incluidas en esta oferta de empleo público.

Según explicaban a Europa Press estas personas, las plazas que ocupan en todos los casos desde hace ya más de tres años están destinadas a ser "consolidadas" mediante un proceso selectivo derivado de esta oferta de empleo público, cuando ellos accedieron a las mismas como miembros de bolsas de empleo promovidas años atrás a través de las correspondientes pruebas selectivas, sin que se les haya dado la "oportunidad" de asentarse definitivamente en los puestos.

Al respecto, este colectivo alega que al ocupar todas estas personas las citadas plazas desde hace más de tres años y un día, media una relación laboral ya "en fraude de ley" y lo que correspondería es que la Diputación les reconociese como trabajadores indefinidos no fijos. "Tenemos unos derechos adquirido", protestaban, exponiendo que su media de edad ronda los 50 años y previsiblemente no podrán "competir" con los "veinteañeros" que concurran al proceso selectivo destinado a "consolidar" estas plazas.