Tribunales.- El PP de Espartinas denuncia al alcalde por el caso de las contrataciones eventuales de la Junta

ESPARTINAS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) ha formulado ante los juzgados de Sanlúcar la Mayor una denuncia contra el alcalde, José María Fernández (C's), y el concejal de Servicios Sociales, Ignacio Rubio (PSOE), a cuenta de las anomalías detectadas los contratos formalizados con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social de la Junta de Andalucía. Los populares, recordémoslo, elevaron ya en septiembre a los juzgados una grabación relacionada con este asunto.

Hablamos de la vecina de Espartinas que se había declarado "en huelga de hambre" al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios.

Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno, de su lado, que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin "intromisión" alguna.

"RETROTRAER" EL PROCEDIMIENTO

Tras revisar el procedimiento de selección, no obstante, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", toda vez que merced a tales alegaciones, "el resultado final del proceso de priorización de las solicitudes podría verse alterado".

El PP, recordémoslo, ya elevó en septiembre a los juzgados una grabación sonora con "declaraciones del concejal de Servicios Sociales, el socialista Ignacio Rubio", relacionadas con el asunto. Según el PP, en esta grabación realizada por Dolores Villar durante una conversación con Rubio, este último "admitió la existencia de irregularidades, así como el conocimiento de las mismas por parte tanto del concejal como del alcalde".

"El gobierno local realizo 18 contrataciones a sabiendas de que el propio secretario de la corporación advertía en un informe con fecha 15 de Septiembre que se retrotrayeran las actuaciones, pues no se habían respetado los plazos de alegaciones", dice el PP, según el cual el pasado 30 de septiembre, "el alcalde ordenó el pago de las nóminas de los 18 contratados por importe de 9.568,96 euros, a pesar de un grave reparo de Intervención oponiéndose a cualquier disposición de gasto hasta que no fuesen subsanadas las graves irregularidades".

Dado el caso, el PP ha formulado "denuncia por un presunto delito de prevaricación por realizar contrataciones de manera arbitraria y con absoluto desprecio a los informes de los técnicos municipales y la propia norma, así como por realizar pagos contra un grave reparo de Intervención".