SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El conjunto de las universidades públicas de Andalucía ha solicitado a la Junta, en el seno de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), que se articule una actuación mediante la cual se mantenga la actual tesitura de pruebas específicas de acceso, similares para todas las academias en el marco del Distrito Único de Preinscripción, ante los posibles privilegios a los que se abriría la puerta con los decretos que desarrollan la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Dicha reclamación, desvelada por el rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, en un desayuno informativo para hacer balance de sus dos años de gobierno, busca combatir situaciones como las que a partir del próximo curso pueden darse para con alumnos de sistemas educativos extranjeros --en dos años se generalizaría-- y, en concreto, de centros adscritos a este modelo en la región, "prestigiosos" y cuyos estudiantes, "si no se hace nada, adelantarían a todas las personas del sistema público si en sus centros se les pone un diez".
En este sentido, Ramírez de Arellano ha explicado que es "evidente" la ruta que seguirán "grupos sociales que se pueden permitir pagar determinados colegios para que sus hijos puedan entrar en las carreras donde haya más competitividad, algo en contra de la equidad".
Aunque no se opone a que este sistema pueda atraer a alumnado internacional, ha recordado que el interés que se concibe siempre ha ido encaminado a reclutar a personas para el estudio de Posgrado, y no de Grados. Y es que es "fundamental", a su juicio, que se les pueda seguir aplicando pruebas específicas a alumnos "que pueden estar estudiando al otro lado de la calle".
El rector ha querido desvincular este debate de la conveniencia de mantener el sistema de las actuales Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), subrayando a este respecto que podría debatirse sobre la opción apuntada en la nueva normativa, la de hacer pruebas generales en Bachillerato --eso sí, esperan que sea "significativa"--, una fórmula que 'de facto' sustituiría a la fase general de la aún conocida como Selectividad, a la que ya no están sujetos los estudiantes de modelos foráneos, que no obstante sí siguen supeditados a las específicas.
Para no perder este estatus, se reclama del Ejecutivo autonómico que se establezca un procedimiento que garantice el Distrito Único, así como también se plantea que las universidades andaluzas, en el ejercicio de su autonomía, incurran en dejación de la potestad que poseerían para, en base a la nueva norma, suprimir las pruebas específicas y justificar el acceso de nuevos alumnos con criterios como una entrevista para decidir a quién se admite y a quién no.
"El derecho es el del ciudadano español a elegir la carrera a la que, por méritos, sea capaz de acceder, no el de las universidades a elegir alumnos", ha resumido Ramírez de Arellano, para el que lo expuesto "mina los derechos de igualdad y equidad". Por contra, las sedes universitarias andaluzas piden pruebas específicas comunes, "sean cuales sean las que se decidan", para no caer en que determinadas academias "decidan por su cuenta y riesgo a quien admitir, algo que hemos peleado intensamente por abandonar durante años", al ser un "atraso" y, en todo caso, tratarse de "una reforma innecesaria a la que no se le ve la ganancia".
Por todo ello, el rector de la Hispalense ha calificado de "insatisfactorio" el borrador que desarrolla estos aspectos, ya en poder de los rectores, y por el que se ha transmitido a la Junta una preocupación "extrema". Así, se solicita que la situación no cambie en términos prácticos, para que se mantenga el acceso por méritos y en igualdad de oportunidades.