SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha recordado este miércoles que la investigación que dirige la juez Mercedes Alaya sobre la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, de plena actualidad a cuenta de la treintena de detenciones e imputaciones practicadas este mismo miércoles, tiene como "origen" la querella formulada años atrás por el PP de Sevilla a cuenta de la petición ilegal de comisiones descubierta en Mercasevilla.
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
La operación desplegada este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en diversas provincias de Andalucía y España, en ese sentido, constituye la segunda fase del conjunto de la investigación y comprende alrededor de 30 detenciones e imputaciones y 12 registros, según ha informado este miércoles la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo.
En la misma rueda de prensa, Juan Ignacio Zoido, alcalde hispalense y presidente del PP andaluz, ha rememorado que el conjunto de la investigación tiene como "origen" la querella que el PP de Sevilla promovió años atrás a cuenta la petición de comisiones ilegales descubierta en Mercasevilla, la empresa gestora del mercado central hispalense. Por aquellos hechos, como se recordará, fueron condenados a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, correspondientes a la era socialista del Ayuntamiento, y el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas.