PP y Cs firman un programa que recoge el fin de aforamientos y mayor limitación de mandatos

Actualizado 21/06/2019 13:34:34 CET
Sustitución.- Mañueco, "muy cerca" de cerrar un Gobierno con Cs en Castilla y León
EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

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Los candidatos del PP y de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente han firmado este viernes un acuerdo programático con cien medidas a poner en marcha por un futuro gobierno común, que aún no se ha cerrado, que contemplan, entre otros aspectos, el fin de los aforamientos, una mayor limitación de mandatos y el reforzamiento de la transparencia y la participación ciudadana en las políticas públicas para la regeneración política e institucional.

En concreto y según figura en el punto 15 del acuerdo, no podrán ser nombrados titulares de una consejería, una viceconsejería, una secretaría general, una dirección general o una delegación territorial de la Junta quienes hayan estado en ese cargo durante 8 años. Las excepciones, que no serán aplicables a los consejeros, deberán estar justificadas y, "en todo caso," aceptadas por ambas partes.

Además, PP y Cs expresan su "voluntad" de extender "con carácter general" la limitación de mandatos de ocho años a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputaciones provinciales de Castilla y León en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta entre ambos y cuando así se determine para los que fueran alcaldes y presidentes desde hace cuatro o más años, el cómputo del plazo de ocho años comenzará desde la firma de los acuerdos de gobernabilidad PP y Ciudadanos suscrito hace cuatro años.

Otros de los acuerdos pasan por endurecer el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos, "prohibiendo la recepción de gratificaciones, regalos, viajes y comidas", y por que la distribución de las subvenciones e inversiones en las diputaciones y ayuntamientos sostenidos por PP y Cs se basen en criterios de objetividad, resultados, beneficio público y libre concurrencia para lo que se implementará un control de eficacia en la ejecución de dichas inversiones. Todas ellas podrán ser sometidas a evaluación por la Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

También han firmado constituir una comisión paritaria entre PP y Cs para "analizar" la Ley Electoral de Castilla y León y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para estudiar "posibles mejoras" que en el caso de la norma autonómica pueda traducirse en una iniciativa legislativa conjunta encaminada a la proporcionalidad en el reparto de escaños, sistema de listas cerradas frente a otros sistemas y "necesaria" reducción de los gastos electorales, especialmente en lo
referido a los envíos postales.

Por otro lado, ambas formaciones se comprometen a crear un grupo de trabajo de expertos independientes a propuesta de las Cortes de Castilla y León con el fin de elaborar un diagnóstico y proponer en un año un informe de propuestas de actuación.

En el programa que PP y Cs han puesto sobre la mesa este viernes como "paso crucial" para ese gobierno de coalición, pendiente aún de la estructura de ese Ejecutivo, han admitido Fernández Mañueco e Igea, se comprometen también a impulsar una EBAU única en toda España, a crear la tarjeta sanitaria única y a exigir un sistema de financiación autonómica más justo y transparente con una mejor ponderación de los criterios incluidos en el Estatuto de Autonomía.

PP y Ciudadanos, la segunda y la tercera fuerza más votada en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo que ganaron los socialistas, pero no con mayoría absoluta, se comprometen a través de este acuerdo programático a orientar la prioridad de las políticas públicas hacia el crecimiento económico y hacia la creación de empleo a través de una reducción de impuestos, avanzar en la eliminación de la brecha de género y a dar más oportunidades a los jóvenes.

En concreto, han acordado fijar una fiscalidad favorable al mundo rural de Castilla y León a través de bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, bonificar en el 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, "lo que supone la eliminación práctica del mismo", y ampliar los supuestos de bonificación del Impuesto de Sucesiones en el caso de empresa familiar o agraria.

A esto han sumado el establecimiento de un tratamiento favorable en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para el caso de transmisión de tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural y aplicar tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales para la adquisición de primera vivienda en el mundo rural.

Apoyo a los autónomos y a los emprendedores mediante la ampliación de la tarifa plana y favorecer el crecimiento y la consolidación de las pymes son otras de las medidas de este acuerdo programático que incluye asimismo la reducción de trámites administrativos y un Plan Autonómico por la Ciencia para que la I+D+i sea considerada una prioridad.

Entre los compromisos para mejorar los servicios públicos, apuestan por avanzar en calidad y equidad para consolidar a la Comunidad como una "referencia" en la materia a través de la reducción de las listas de espera donde la alteración de los datos contenidos tendrá la consideración de "falta grave", la promoción de la libre elección de hospital de modo progresivo --durante el primer año de legislatura en centros sanitarios-- e impulso de la transparencia, evaluación de indicadores y dación de cuentas con una comparencia anual en las Cortes de los gerentes de atención primaria y de hospital de la gerencia regional de salud.

En este tema, el punto 44 del acuerdo contempla estudiar las vías de reversión de la concesión del HUBU, "siempre que no supongan un coste adicional para las arcas públicas de Castilla y León, creando para su estudio un grupo de trabajo en el que participen el Gobierno autonómico, las Cortes y la entidad concesionaria".

En materia educativa, apuestan por la excelencia de las universidades, avanzar en la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años y mejorar las competencias lingüísticas junto a la defensa del derecho de las familias de Castilla y León a la libre elección de la educación de sus hijos.

PP y Ciudadanos contemplan también avanzar en nuevos derechos como aprobar una Ley del Tercer Sector, una Ley para la continuidad de cuidados y atención a las personas con discapacidad, una Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir y una Ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

También aspiran a fortalecer los servicios sociales para lo que establecerán objetivos de disminución de la tasa de dependencia ajustadas por edades, reforzarán la atención y protección de mayores, pondrán en marcha una estrategia de lucha contra la pobreza infantil y la igualdad de oportunidades de todos los niños y aprobar un plan de apoyo a las familias.

Para mejorar los niveles de eficacia han acordado establecer una evaluación independiente, profesional e imparcial de los proyectos de infraestructuras, aprobar un mapa de ordenación del transporte público, impulsar una agencia digital rural y promover la gestión sostenible de los recursos naturales.

A esto añaden una defensa de una PAC bien dotada económicamente y que sea eficiente y simplificada junto a una apuesta por la agroindustria y por un marco estable de relaciones en la cadena de valor, fomentar el turismo cultural, el turismo rural, el turismo accesible, el sector audiovisual y el español como valor económico.

Los candidatos de PP y Cs este acuerdo programático en la sede del Gobierno regional y una hora antes de la constitución de las Cortes de la X Legislatura. "Es un buen acuerdo", han compartido en ambos casos en la defensa de la importancia de estas cien medidas.