Álvarez (UGT) defiende la "jornada de lucha" por la vivienda y pide a CEOE su implicación en el problema

   MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

   El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este martes que prefiere denominar la huelga general por la crisis de vivienda que su sindicato convocará conjuntamente con CCOO y el Sindicato de Inquilinas como una "jornada de lucha" por la vivienda, que incluirá paros laborales.

   Durante su intervención en una jornada sobre comunicación y sindicalismo organizada por UGT, el dirigente sindical ha destacado que la huelga busca canalizar el descontento social existente, no sólo en torno al problema de la vivienda.

   "Fundamentalmente es una jornada de lucha que tiene que visualizar este momento de descontento que se vive en la sociedad, que va mucho más allá de la vivienda, aunque en todo caso la vivienda es uno de los factores fundamentales", ha argumentado.

   Álvarez ha remarcado el impacto que el precio de la vivienda está teniendo en las rentas de los trabajadores, advirtiendo de que "no hay convenio colectivo que aguante las subidas de la vivienda" y de que es "absolutamente imposible que se puedan negociar convenios colectivos que aguanten el aumento del coste que representa".

   Por ello, el líder de UGT ha instado a las organizaciones empresariales a sumarse a sus reivindicaciones. "Los empresarios, si piensan en sus empresas, deberían de estar con nosotros. Este no es un problema sólo social, que lo es importantísimo, también lo es económico", ha aseverado.

   Para Álvarez, resulta inviable mantener el pulso de la economía sin atajar el problema de la vivienda. "No es posible que este país avance, mantenga los niveles de crecimiento económico, si no hay vivienda que permita que los trabajadores que hacen funcionar los servicios públicos o que hacen funcionar la actividad económica no tengan solventado el problema de la vivienda", ha incidido.

   En esta línea, ha recordado además que UGT presentó hace dos años una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para exigir que el derecho a la vivienda recogido en la Carta Social Europea sea exigible a los poderes públicos en España, proceso que se encuentra actualmente en tramitación.

   "Esto tendrá resolución y luego habrá que pelear con los tribunales, porque los tribunales seguro que nos van a decir que eso (el derecho a la vivienda) no es exigible. Pero es exigible, lo dice la Carta Social Europea, que ha sido ratificada por el Parlamento Español", ha defendido Álvarez.

LEGITIMIDAD SINDICAL PARA CONVOCAR LA HUELGA

   Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Álvarez ha respondido a las críticas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre la naturaleza de la huelga, reivindicando la legitimidad sindical para convocarla, así como los motivos para hacerlo.

   En este sentido, ha rechazado que la huelga carezca de motivaciones laborales, como así ha defendido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "La vivienda es laboral", ha sentenciado Álvarez, que ha recordado que hay convenios como el de Telefónica que otorgan avales de hasta 100.000 euros para primera vivienda.

   Álvarez ha señalado además que las protestas también abarcan conflictos del ámbito laboral en sectores de administraciones públicas, educación y servicios a las personas -como ayuda a domicilio o residencias- cuyos salarios rondan el Salario Mínimo Interprofesional.

   "Van a ver que no hay convenio que aguante el aumento de las subidas de la vivienda. Es imposible mantener el poder adquisitivo cuando hablamos de aumentos (en los precios de la vivienda) que en algunas ciudades llegan al 30%, al 10% o donde prácticamente no hay ninguna ciudad por debajo del 5%", ha rematado.

    "Representamos al 70% de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, dignamente", ha enfatizado, detallando que la UGT ha pasado de 82.000 a casi 112.000 delegados electos en cuatro años. "Eso es lo que nos da legitimidad para convocar esta huelga", ha añadido Álvarez, exigiendo explicaciones al presidente de la CEOE por llevar un año sin dar respuesta a la propuesta sindical del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

   Álvarez ha reclamado un Pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas y un Plan Nacional de Vivienda con una duración de entre 10 y 20 años que movilice fondos estatales hacia las comunidades autónomas y municipios.

   Entre las medidas exigidas, se incluyen la delimitación de precios, el fin de los desahucios, la expulsión del mercado residencial de los fondos buitre, la garantía jurídica para pequeños tenedores y la construcción permanente de vivienda protegida de alquiler.