Asprima dice que la nueva ley fija el valor del suelo con fórmulas matemáticas sin contar con su precio en mercado

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), José Manuel Galindo, afirmó hoy, respecto al anteproyecto aprobado ayer en Consejo de Ministros para la reforma de la Ley del Suelo, que aunque aborda los tres problemas que "más preocupan al sector" se olvida de aspectos claves como la renta de localización y rechazó que pretenda fijar el valor de un terreno en base a "fórmulas matemáticas".

En declaraciones a Europa Press, señaló que, aún siendo necesaria la reforma para frenar la especulación con los terrenos, fijar objetivamente el valor del suelo para no encarecerlo no es la mejor fórmula, ya que "calcular el precio del suelo casi como una fórmula matemática cuando, como cualquier otro bien su valor depende del que pueda alcanzar en el mercado, no es lo más lógico".

De esta forma, criticó que la reforma se olvide de la renta de posición del suelo, "cuestión lógica y fácil de entender", porque "los suelos valen por dónde están situados más que por su valor de explotación".

"No es comparable un suelo que pueda estar próximo a Madrid, a 10 ó 15 kilómetros, cercano a un infraestructura de red de transportes o de suministro eléctrico y sin posibilidades medioambientales que limiten su desarrollo --por lo que sería muy susceptible de ser urbanizado-- que un suelo de una gran explotación agrícola en la sierra o en medio de Extremadura y sin embargo podría darse la circunstancia de que este primero valiese menos", reseñó.

Según informó, el anteproyecto de Ley recoge dos situaciones a la hora de entrar a valorar el precio de un terreno: el suelo que no es todavía urbano, es decir, el terreno rústico pero que se puede someter a un proceso de transformación hasta que alcance la categoría de urbano y el urbano como tal.

"Un terreno rústico durante el proceso de transformación valdrá sólo su labor de explotación agrícola más el coste que haya supuesto su transformación, más una prima de riesgo y quizá también una de beneficio, pero siempre limitando su valor a unas condiciones casi matemáticas".

En cuanto a las cesiones de suelo obligatorias para los Ayuntamientos, afirmó que tal modificación responde junto a un sistema diferente de valoración del suelo a la necesidad de obtener un precio "barato" para la vivienda pública.

"La realidad es que en términos generales la cesión de suelo para los consistorios pasa del 10 al 15 por ciento, lo que supone que de una tarta total si se otorga un 10 por ciento a un parte, evidentemente al quedarle a un 85 por ciento al resto estos la pagarán más cara", lo que influirá, en su opinión, en el encarecimiento del suelo al tener que ceder gratuitamente ese porcentaje diferencial.

VIVIENDA PROTEGIDA

En cuanto a la cesión obligatoria para la construcción de vivienda protegida, actualmente prevista en un 25 por ciento, explicó que este incremento afectará principalmente a las Comunidades Autónomas, ya que "son las que regulan a través de su legislación urbanística", pero aclaró que dependiendo de la región influirá o no la reforma, dependiendo de si su legislación establece o no una reserva fija o variable.

Así, confirmó que en el caso concreto de Madrid la reforma no afectará a esta comunidad al recoger una reserva fija para este tipo de viviendas, frente a otras regiones como Islas Baleares y la Comunidad Valenciana que si se verán afectadas.

En esta línea, planteó que deben ser las Comunidades Autónomas las que determinen cómo fijar esta reserva en función del plan de desarrollo que quieran para su territorio.