La patronal avisa de que podría endurecerse el acceso al crédito para las empresas que vean cancelados proyectos de obra civil
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El recorte de 6.400 millones de euros que Fomento realizará en la inversión pública en infraestructuras en el periodo 2010-2011 se cobrará entre 96.000 y 115.000 empleos en dos años, según constructores y sindicatos.
El presidente de la Confederación Española de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, estimó en rueda de prensa en sede de la CEOE que "desaparecerán 15 empleos, entre directos e indirectos, por cada millón de euros que se dejen de invertir", lo que supondrá la pérdida de unos 96.000 puestos de trabajo.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO (Fecoma), Fernando Serrano, estimó, en un acto de dirigentes de CC.OO. para mostrar su apoyo a los trabajadores de Panamá, que el recorte pone en riesgo 115.000 puestos de trabajo estable y de calidad en la construcción, porque las empresas tienen ya poco de donde rascar en cuanto a despidos de eventuales.
En este sentido, el dirigente sindical se mostró más contundente que los empresarios y consideró una "aberración" dicho recorte, al tiempo que aseguró que "Blanco deberá responder por los despidos si no se endereza la situación".
Y es que llueve sobre mojado en un sector que, según datos de la patronal de los promotores (APCE), ya ha perdido más de un millón de empleos por el parón de la actividad residencial y que ha reducido la ocupación en la industria de productos de construcción de 500.000 a 300.000 personas en dos años, a tenor de las cifras que maneja su patronal CEPCO.
Además, Lazcano puso sobre la mesa que en el caso de que cancelen proyectos previstos o en marcha, ello podría repercutir en la financiación de las empresas que hubiesen obtenido dichos contratos, pues notarán un 'bajón' en sus carteras. Por ello, pidió al Gobierno que, al menos, evite en lo posible rescisiones de contratos y que tan sólo retrase la ejecución de los proyectos.
HAY PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR.
En este contexto, el también presidente de la comisión de infraestructuras y urbanismo de CEOE, Juan Lazcano, aprovechó la presentación de la batería de propuestas remitida por la patronal al Gobierno en materia de rehabilitación para lanzar un mensaje de alarma: "Estamos muy preocupados", aseveró.
Según dijo, con el segmento residencial estrangulado por la falta de crédito, el Gobierno ha venido a cortar el grifo de uno de los nichos de actividad a los que se esperan agarrar las constructoras, la obra civil.
Por si fuera poco, el presidente de la CNC confirmó que el plan extraordinario de colaboración público-privada, que debería dar lugar a las primeras licitaciones a finales de agosto, "ha sufrido un retraso y no será una realidad hasta después del verano".
"Las empresas de obra civil van a sufrir el impacto del recorte a todos los niveles, por lo que demandamos al Gobierno una reflexión necesaria para que la inversión productiva no disminuya y se aborde el ajuste presupuestario desde la disminución del gasto no productivo", añadió.
En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), Rafael Fernández Sánchez, también presente en el acto, vaticinó el cierre de algunas de estas empresas si el Gobierno no aborda "políticas diferentes".
"El futuro se presenta tremendamente peligroso", dijo para añadir a renglón seguido que "habrá que inventarse lo que sea para recaudar dinero que destinar a infraestructuras", como establecer una tasa en los carburantes para sufragar el coste de la red de carreteras.
Lazcano también se mostró favorable a encontrar nuevas fórmulas, como impulsar los peajes en las carreteras, en tanto que el resto de los medios de transporte ya tienen sus tarifas.
Por otro lado, Fernández criticó que se prime el transporte en AVE por su alto coste. Según dijo, cada kilómetro de línea de alta velocidad tiene un coste anual de 200.000 euros, lo que le llevó a criticar su viabilidad: "Ya veremos si somos capaces de mantener el lujo del AVE", advirtió.
ES LA HORA DE LA REHABILITACIÓN.
En este contexto, los constructores miran más que nunca a la rehabilitación, como vía para mantener la actividad y el empleo en la construcción. "Es la hora de la rehabilitación", llegó a asegurar Lazcano, quien consideró que las medidas implementadas hasta la fecha por el Gobierno en esta dirección "se han quedado un poquito cortas".
No obstante, calculó que con la normativa del Gobierno no podrán rehabilitarse las 180.000 viviendas anuales previstas, sino sólo alrededor de 50.000 inmuebles.
Es por eso, que la patronal ha remitido una serie de propuestas "de mayor alcance", dirigidas al Ministerio de Vivienda, pero, sobre todo, al de Economía y Hacienda.
Así, piden, entre otras cosas, eliminar el límite de renta de 53.000 euros anuales para poder acceder a ayudas a la rehabilitación o aplicar un IVA del 4% en los servicios de mantenimiento de edificios.
PREOCUPACIÓN TAMBIÉN ENTRE LOS PROMOTORES.
Por último, el presidente de la patronal de constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, indicó durante su intervención que "no hay un duro" para desarrollar nuevos proyectos residenciales. "Se está financiando a clientes, pero no proyectos", aseguró.
Galindo volvió a poner el acento en el empleo y avanzó que se sigue en esta línea se continuará destruyendo empleo en el sector, por lo que consideró "absolutamente necesario" reactivar el crédito, más aún cuando, según dijo, "hay áreas donde se pueden empezar nuevas promociones".
