MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESSS) -
La Comunidad de Madrid presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo estatal por considerar que invade las competencias autonómicas y atenta contra el derecho de propiedad privada.
"La nueva ley que propugna José Luis Rodríguez Zapatero es una ley que quiere volver a los modelos de acceso a la propiedad privada de Stalin, con unos modelos viejos y conocidos que pone por encima de la propiedad privada el sistema de expropiación forzosa", explicó el viceconsejero de Vicepresidencia Primera y Portavocía, Salvador Victoria, a la salida del Tribunal Constitucional.
La norma del Ministerio de Vivienda establece la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida en un 30%, frente a la obligación del 50% de la norma autonómica. El recurso de la Comunidad de Madrid impugna hasta nueve preceptos de la Ley del Suelo del Estado.
El viceconsejero de Vivienda, Juan Blasco, destacó, por su parte, que la ley "atenta claramente al derecho a la propiedad privada" y "favorece a las empresas constructoras, que tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización de futuros barrios frente a los propietarios de esos suelos".
Blasco afirmó que "la falta de contenido" del Ministerio de Vivienda ha llevado al presidente del Gobierno a intentar dotarlo de competencia "a golpe de Ley, quitando las competencias a las comunidades". "Supone una flagrante intromisión en las competencias autonómicas de vivienda protegida, sobre todo en nuestra región, donde el Gobierno regional construye uno de cada cuatro pisos con protección pública iniciados en su territorio", señaló.
Igualmente, la norma estatal exige que los patrimonios públicos de suelo se destinen a la construcción de viviendas protegidas u otros fines sociales, algo que el viceconsejero cree que "impone a las comunidades y a los ayuntamientos un uso determinado de sus terrenos". A su juicio, "no van a dejar decidir qué uso dar a sus propios suelos".
Según Blasco, "otra intromisión en las competencias se produce cuando la norma establece al Estado la facultad de coordinar a las administraciones autonómica y municipal para imponer un sistema público de información al ciudadano sobre suelo y urbanismo, cuando ya existen mecanismos de información al público en los procedimientos regionales de elaboración de planes urbanísticos".
Por último, el Gobierno de Esperanza Aguirre considera una interferencia en sus funciones la minuciosidad con que la Ley estatal detalla los documentos que han de ser sometidos a información pública. Además, sostiene que la norma incide en la capacidad de autoorganización de la Administración regional al exigir un informe de sostenibilidad económica en desarrollos urbanísticos.
