Los promotores creen que la Ley de Suelo supondrá un "caldo de cultivo" para la corrupción urbanística
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El precio de la vivienda en España subirá entre el 5% y el 6,5% en 2007 en un contexto de "normalización" del mercado y de equilibrio entre la oferta y la demanda, según el último informe de coyuntura de la Asociación de Constructores y Promotores de España (APCE) presentado hoy.
Durante este año se espera una "demanda sólida", de hasta 450.000 viviendas, producto de un crecimiento del número de hogares del 3,2% en 2006. Además, se espera un mantenimiento de los niveles de morosidad y una recuperación de la inversión extranjera en inmuebles fruto, principalmente, del buen momento económico de Alemania.
En cuanto a la oferta, se mantendrá en 2007 en los niveles registrados entre los años 2003 y 2004 con alrededor de 700.000 visados, tras un descenso de unos 200.000 respecto a la cifra alcanzada en 2006 cercana a los 900.000 visados.
Según el gerente de APCE, Julio Gil, pese a la diferencia entre el número estimado de viviendas demandadas y ofertadas durante 2007, se dará un ajuste entre ambos parámetros ya que no todas las viviendas visadas acaban construyéndose, por lo que la oferta real quedaría situada en unas 550.000 viviendas, sólo 100.000 más que las demandadas.
LEY DE SUELO VS. CORRUPCIÓN.
Por otro lado, el secretario general de APCE, Manuel Martí, señaló que el origen de la corrupción urbanística se encuentra en la "discrecionalidad". En este sentido, aseguró que la Ley de Suelo "aumentará la discrecionalidad" de los planificadores, lo que servirá de "caldo de cultivo" para la corrupción que pretende combatir.
Por otro lado, y en respuesta a las medidas avanzadas ayer por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, el presidente de los promotores, Guillermo Chicote, señaló que el problema de la corrupción no radica en una falta de información sobre los planes urbanísticos, ya que "información hay", sino en la eliminación de la "discrecionalidad".
Chicote afirmó que para obtener toda la información sobre un plan urbanístico sólo es necesario dirigirse a las consejerías competentes de las comunidades autónomas, y que, en todo caso, deberían ser las comunidades autónomas las que pusieran en marcha auditorías para mantener el control sobre los planes urbanísticos que aprueban. "Sólo hay que ser eficiente, no demagogo", añadió.
MÁS ALQUILER Y VPO.
Pese a la "normalización" del mercado de la vivienda, Chicote consideró que siguen haciendo falta "alquileres a precios razonables" y hasta 100.000 viviendas más de VPO al año.
En este punto, afirmó que las medidas que se están considerando desde los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña para establecer un canon sobre los pisos desocupados, "ponen de manifiesto la ineficacia para solucionar el problema del alquiler para jóvenes" y suponen soluciones "confiscatorias".
Por otro lado, Chicote aseguró que "no hay suelo para hacer viviendas para jóvenes" y, por ello, criticó la obligación de ceder entre el 5% y el 15% del suelo de los proyectos urbanísticos a los ayuntamientos que contempla el proyecto de la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario.
En este sentido, instó a ser "creativos" para solucionar el problema del mercado del alquiler, además de asegurar una mayor seguridad jurídica para los propietarios de pisos en alquiler en forma de una "acción rápida" en los conflictos de impago o deterioro grave de las viviendas alquiladas.
Por su parte, Martí precisó las dificultades existentes a la hora de incentivar la construcción de VPO y señaló que frente al incremento del módulo del 4,7% aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, el coste de construcción de las viviendas se incrementará un 10,13% con la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación (CTE), lo que no permite a los promotores extraer una rentabilidad a este tipo de viviendas.
Por otro lado, recordó que durante los años 80, cuando el porcentaje de VPO del parque español de viviendas superaba el 60%, los promotores gozaban de ventajas fiscales por la construcción de estas viviendas, mientras que los compradores recibían ayudas directas del Estado. Martí resumía las diferencias existentes entre uno y otro modelo de actuación precisando que antes había "una oferta del Gobierno" y ahora "una imposición", si bien, a su juicio, "el mercado no funciona así".
