El BNG propone anular las subastas de interrumpibilidad y reformular todo el sistema de precios energéticos

Torre eléctrica
EUROPA PRESS/IBERDROLA
Actualizado: lunes, 9 febrero 2015 13:55


MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) propone anular el sistema de subastas para fijar el precio energético por interrumpibilidad y reformular todo el mecanismo, incluyendo la posibilidad de que comunidades excedentarias como Galicia puedan tener precios más bajos para compensar los daños sociales y medioambientales que les conlleva tener instalaciones productoras en sus territorios.

Así consta en la moción que se deriva de la interpelación al ministro de Energía, José Manuel Soria, celebrada el pasado 17 de diciembre, en plena polémica por la amenaza de Alcoa de cerrar sus plantas en La Coruña y Avilés al no haber conseguido un precio suficientemente bajo en la subasta de interrumpibilidad que se había celebrado a principios de mes.

Aunque esa polémica quedó zanjada tras la convocatoria de una segunda subasta en la que la multinacional del aluminio obtuvo los paquetes necesarios, los nacionalistas gallegos creen que aún está pendiente un debate en profundidad sobre los precios de la energía para las industrias que son grandes consumidoras.

Y, por eso, aprovechan su moción para reclamar una "reformulación" de todo el sistema eléctrico, comenzando por la suspensión del sistema de subastas de interrumpibilidad, que está "perjudicando a industrias de gran importancia, restando capacidad industrial a los territorios donde están ubicadas y poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo"; y volver al sistema de precio según potencia contratada de manera temporal.

NUEVAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

En el texto, que recoge Europa Press, el Bloque plantea que en el nuevo sistema que se ponga en marcha para la fijación de precios se tenga en cuenta la condición de territorios excedentarios --producen más energía de la que consumen--, como Galicia, para permitirles tener una tarifa eléctrica propia "más baja", como "compensación por la explotación de sus recursos naturales".

Pero, además, el BNG cree que hace falta incentivar y promover el sector de las energías renovables y traspasar a la Xunta de Galicia la competencia "exclusiva para diseñar y desarrollar" este segmento energético, de modo que no se vea "perjudicado" por las decisiones del Gobierno central como hasta ahora.

Además de la moción, los nacionalistas gallegos tienen registradas en el Congreso dos iniciativas en relación con este tema. Una de ellas, de contenido similar a la moción y que se debatirá en el Pleno, advierte de que el nuevo sistema de interrumpibilidad es "oscurantista" y podría llevar a muchas empresas a despedir a parte de sus plantillas.

Por eso, incluye una petición para reclamar al Ejecutivo que promueva un diálogo con Alcoa, Megasa Siderúrgica y otras grandes consumidoras de energía para evitar que lleven a cabo los despidos colectivos anunciados y mantengan su actividad en las regiones donde están asentadas.

MEJORAS PARA EL PAÍS VASCO

En la segunda proposición no de ley, el Bloque se refiere a la regulación de la producción de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, que incluye una cláusula para reducir de los 36 a los 30 Kw la alta tensión, con la consecuente disminución de los peajes de acceso, algo que "beneficia casi en exclusiva a industrias del País Vasco".

Este cambio, resultado de un acuerdo del Gobierno con el PNV a cambio del apoyo jeltzale a la Ley Eléctrica, provocará una caída de un 50% de los peajes en dos años pero sólo para dicho territorio, lo que en la práctica supone "una tarifa eléctrica vasca" que se niega a otros territorios como Galicia.

"A pesar de su relevante potencial, el Gobierno ha cerrado toda posibilidad a que Galicia pueda tener una política energética propia ideada en función de sus recursos y de sus necesidades y donde su situación de productora de energía eléctrica pueda revertir de algún modo positivamente en la economía gallega", lamenta la formación.

Y, por ello, exige que no se "perjudique" a las industrias gallegas y que se tenga en cuenta su condición de territorio excedentario, articulando las medidas necesarias para que pueda tener una tarifa propia más baja. Además, aprovecha para pedir una auditoría "en profundidad" de los costes del sector que acaben con la "creciente diferencia" entre precios y costes, y que dé lugar a una nueva propuesta legislativa basada en las previsiones de los costes de impactos de las diferentes tecnologías y en el impulso de las renovables y el autoconsumo.

OTROS PARTIDOS SE QUEJAN DEL CASO ALCOA

Al margen del Bloque Nacionalista Galego, también el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) tienen registradas sus propias proposiciones no de ley en relación con el caso de Alcoa, si bien tras la convocatoria de una segunda subasta de interrumpibilidad para adjudicar los millones de bonificaciones que quedaban pendientes la empresa dio por zanjado el problema y retiró la amenaza de despidos.

Así, el principal partido de la oposición critica que aunque el objetivo del nuevo sistema de asignación de la interrumpibilidad era abaratar costes, en la práctica la no obtención de retribuciones por parte de algunas empresas provocará un "aumento considerable" de los costes de algunas empresas, que quedarían así "fuera del mercado mundial", como sucedió con Alcoa tras la primera subasta.

"Esta situación se agrava y requiere un tratamiento urgente", exigían los socialistas a principios de diciembre, subrayando que los grandes consumidores de energía necesitan "planificar su actividad con una cierta estabilidad" en los costes de la energía.

Por ello, el PSOE reclamaba al Gobierno una "fórmula para que las factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía en condiciones razonables y que estén en relación con las de otros países de la UE".

Por su parte, la Izquierda Plural exige al Gobierno que solicite a Alcoa la suspensión del ERE de extinción en Avilés y La Coruña, y que adopte "de manera inmediata" las medidas necesarias para "revertir y despejar las incertidumbres que afectan gravemente" a la supervivencia de ambas plantas.

Igualmente, pide definir un "marco regulador estable y competitivo con la industria europea" en cuanto a los costes energéticos se refiere, ya que en España el precio es superior a al de otros países de nuestro entorno.

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