MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará esta semana los proyectos de ley de hidrocarburos y de electricidad, en los que se adaptan las directivas europeas sobre estas materias y cuyo contenido cuenta con el visto bueno de los grupos parlamentario socialista y popular.
En el caso del proyecto de ley del sector de hidrocarburos, entre otras medidas se promueve la separación juridica y funcional entre actividades de red, distribución y transporte, así como las de suministro.
El proyecto cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios socialistas y popular, y modifica la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, con el objetivo de adaptarla a la directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
En cuanto a la nueva regulación sobre la electricidad, uno de los cometidos fundamentales es procurar el acceso en condiciones equitativas a la generación de energía y reducir el riesgo de que surjan posiciones dominantes y comportamientos abusivos en el sector.
El proyecto modifica la ley 54/1997 del sector eléctrico con el objetivo de adaptarla a los dispuesto en la directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
LEY DE HIDROCARBUROS.
Durante su tramitación en el Senado, el proyecto de ley de hidrocarburos sufrió algunas modificaciones, entre ellas la que establece en el 5,85% el porcentaje de energía procedente de biocarburantes, un porcentaje ligeramente superior al 5,75% establecido por la Comisión Europea para 2010. El Ejecutivo comunitario se está planteando la posibilidad de elevar este umbral hasta el 10% en 2020.
El proyecto de ley refuerza además la autoridad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como autoridad reguladora y reduce los plazos para que las administraciones resuelvan las reclamaciones que surjan.
En el ámbito competencial, se redefinen algunos de los principios y se establecen mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas, sobre todo en materia de planificación y autorización de instalaciones de gas natural.
Además, el proyecto sustituye el concepto de competencias administrativas por el de competencias de administraciones reguladoras. En el texto se elimina el concepto de consumidor cualificado y se introduce el concepto de consumidor directo.
Junto a esto, se eliminan derechos y obligaciones de los distribuidores como suministradores a tarifa, y se asignan derechos y obligaciones análogos a los comercializadores de último recurso.
La nueva autoridad de la CNE le permitirá pronunciarse acerca de la entrada de empresas no pertenecientes a la UE en actividades como la del gas natural.
Así, la autorización para ejercer la actividad como empresa comercializadora podrá ser denegada o condicionada, previo informe del regulador energético, en los casos en que la empresa solicitante o la sociedad dominante del grupo al que aquélla pertenezca tenga la nacionalidad de un país no miembro de la Unión Europea.
No obstante, este punto se podrá aplicar sólo cuando este país ajeno a la Unión no tenga reconocidos derechos análogos y se considere que pueda resultar una alteración del principio de reciprocidad para las empresas que operan en el mercado nacional.
LEY DE LA ELECTRICIDAD.
La ley del sector eléctrico, aparte de procurar el acceso en condiciones equitativas a la generación de energía y reducir el riesgo de que surjan posiciones dominantes, promueve un acceso a la red perfectamente definido que permita que las tarifas de transporte y distribución no sean discriminatorias.
Los impulsores del texto sostienen que la directiva profundiza en el modelo de liberalización del sector eléctrico y garantizar las medidas de competencia en el sector.
En la ley se garantiza el derecho de acceso y las conexiones a las redes de transporte y distribución, y se regula la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan recargos sobre los peajes de acceso para financiar costes extraordinarios y actividades del transporte de distribución.
SUMINISTRADOR DE ÚLTIMO RECURSO.
Además, al igual que en el sector de hidrocarburos, se crean figuras como el suministrador de último recurso, que sustituye al suministrador a tarifa íntegra. También se establece un calendario de supresión de las tarifas y se separan de forma jurídica y funcional las actividades de distribución y transporte y las de suministro.
Otro de los aspectos significativos, aparte de la fijación de competencias adicionales para la CNE, es el establecimiento de un plazo límite para que Red Eléctrica cumpla los requisitos de separación jurídica y funcional en relación con la gestión del contrato de suministro con EDF.
Otro aspecto relevante es que se redefinen las competencias y se establecen mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de planificación y autorización de las instalaciones eléctricas.
